Como representante del pueblo de Córdoba, no puedo quedarme callado ante una de las decisiones más indignantes que hemos visto en los últimos tiempos. El paso a retiro del jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán —hoy detenido por su presunta participación en una asociación ilícita— no solo genera estupor en la ciudadanía, sino que exhibe de forma grosera cómo el poder político puede ser utilizado para proteger a los propios, incluso cuando están sospechados de graves delitos.

Ochoa Roldán no fue suspendido. No fue apartado con la firmeza que el momento exige. Fue beneficiado. Sí, beneficiado. Porque mientras avanza una investigación judicial que lo involucra por haber usado su cargo para obtener información sensible y favorecer el delito, el Gobierno decidió premiarlo con el retiro activo, permitiéndole acceder a una jubilación millonaria, como si se tratara de un funcionario ejemplar.

Esta situación no solo ofende el sentido común, sino que contradice los mecanismos que el propio marco normativo prevé para este tipo de casos. El artículo 70 inciso “a” de la Ley Provincial 9728, que regula el Régimen para el Personal con Estado Policial, establece claramente la posibilidad de pasar a situación pasiva a quienes estén siendo investigados penalmente. Esa habría sido la vía legal, ética y prudente. Pero el gobernador Llaryora y su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, decidieron mirar para otro lado y utilizar una interpretación forzada de la ley para proteger a un hombre de su círculo cercano.

¿De qué sirve que nos llenemos la boca hablando de transparencia institucional y de lucha contra la corrupción, si cuando los hechos nos ponen a prueba, la respuesta del Gobierno es la de garantizar privilegios a los sospechados?

Hoy la sociedad ve con impotencia cómo las normas parecen aplicarse con severidad para unos y con benevolencia extrema para otros. Mientras muchos policías honestos se juegan la vida en las calles, sin reconocimiento y con sueldos magros, el jefe detenido por una asociación ilícita se asegura una vejez confortable, sostenida por el aporte de los cordobeses.

Estamos ante un caso que hiere de lleno la confianza ciudadana en las instituciones. La lucha contra la corrupción y la depuración de las fuerzas no puede ser solo un discurso. Necesita gestos concretos. Y este no lo fue. Fue exactamente lo contrario: un acto de encubrimiento político disfrazado de legalidad.

Desde nuestro bloque no vamos a dejar pasar este atropello. Vamos a seguir exigiendo explicaciones, vamos a pedir informes, y vamos a impulsar que se aplique la Ley como corresponde. Porque si no hay justicia para todos, entonces hay impunidad para algunos. Y eso no lo vamos a permitir.