“Con la Policía vamos a ir a fondo”, aseguró el gobernador Martín Llaryora en medio de la crisis institucional que golpea a la fuerza de seguridad provincial. Apuntó contra los “delincuentes de uniforme” y ratificó el respaldo a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

En medio del escándalo que envuelve a la Policía Caminera de Córdoba, tras la detención del exjefe Maximiliano Ochoa Roldán por presunta participación en una red delictiva de estafas, el gobernador Martín Llaryora salió a respaldar con firmeza al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. Lo hizo en un acto público, durante la inauguración de una nueva área de terapia intensiva en el Hospital de Niños, donde aprovechó el marco institucional para enviar un mensaje político contundente.

“Vamos a ir a fondo”, sentenció el gobernador, y se desmarcó de cualquier intento de encubrimiento dentro de las fuerzas provinciales. “Los buenos son los de azul. Un delincuente que usa el uniforme no es bueno ni es policía. Es un delincuente”, afirmó con dureza, en clara alusión a los casos de corrupción que sacuden al Ministerio de Seguridad.

Lejos de tomar distancia de su ministro, Llaryora optó por blindarlo políticamente. Ratificó su continuidad y celebró su tarea al frente de la cartera, en un contexto en que la oposición ha redoblado sus críticas y pedidos de juicio político. En este sentido, no ahorró comparaciones nacionales: “Veo doble vara: cuando la ministra Bullrich hace la depuración de gendarmes la ponen como la mejor ministra, pero cuando nuestro ministro hace lo mismo pareciera que es un problema”, disparó el mandatario.

La depuración como política de Estado

Llaryora dejó en claro que la depuración policial será parte central de su gestión y no solo una reacción circunstancial ante el escándalo. “Hay un montón de policías nuevos que investigan, detienen y trabajan en la depuración de la Fuerza”, sostuvo, y subrayó que tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial están alineados en ese proceso. “Vamos a depurar todo lo que haga falta”, insistió.

El gobernador también destacó la labor diaria de los efectivos: “La Policía todos los días detiene delincuentes, se juega la vida y salva personas. Vamos a proteger a los policías buenos”, reiteró, marcando una línea divisoria entre quienes cumplen su deber y quienes manchan el uniforme.

Formación, salarios y profesionalización

En otro tramo de su discurso, Llaryora abordó un tema estructural: la formación de los nuevos agentes. “La formación ha sido cambiada, tiene casi tres años. Esas camadas son las que están entrando”, explicó, planteando que existe una renovación paulatina de la fuerza desde su base misma.

También hizo mención al aspecto salarial, otro de los focos de conflicto y descontento dentro de la institución. “Venimos mejorando en materia salarial y vamos a tener que tomar una decisión al respecto. Vamos a avanzar en un reconocimiento económico para los que también tengan título”, adelantó, dejando abierta la puerta a un incentivo por profesionalización.

Un escándalo que remece estructuras

La detención del exjefe de la Caminera no es un hecho aislado. Se trata de un caso que amenaza con escalar y exponer vínculos profundos entre sectores de la fuerza y actividades delictivas organizadas. El respaldo de Llaryora a Quinteros, lejos de aplacar las tensiones, posiciona al gobierno en una postura ofensiva: no sólo promete limpiar la institución, sino hacerlo sin ceder a presiones políticas ni mediáticas.

Sin embargo, el desafío es enorme. Los niveles de desconfianza ciudadana hacia la Policía continúan en aumento, y la promesa de una depuración real requerirá más que discursos: implicará investigaciones sin favoritismos, sanciones ejemplares y, sobre todo, una reconstrucción de la legitimidad perdida.

En un contexto donde la inseguridad se vuelve tema de agenda diaria y la política de seguridad está bajo constante escrutinio, Llaryora se juega una carta fuerte: hacer de la crisis una oportunidad para reformar, o quedar atrapado en la misma lógica de encubrimientos que viene denunciando.