En una sesión cargada de contenido ambiental, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó importantes modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana (Ordenanza N° 12.468), endureciendo las sanciones contra quienes contaminan y creando un Fondo de Recuperación Ambiental. En representación de su bloque, la concejal Fabiana Gutiérrez respaldó la iniciativa, pero no sin marcar límites: “Este no es el punto de llegada, sino un primer paso frente a una crisis ambiental que ya no puede ser negada ni minimizada”.

Un cambio legal en medio de una emergencia silenciada

El proyecto aprobado contempla un régimen sancionatorio más riguroso para infracciones vinculadas a la gestión de residuos, la quema de basura, el abandono de neumáticos y la instalación de propaganda sin autorización. Las multas, que ahora podrán llegar hasta las 4.000 UEM para empresas e infractores reincidentes, buscan no solo desalentar estas prácticas, sino también financiar la recuperación de zonas afectadas por el mal manejo de los desechos.

Entre las principales novedades, se destacan:

• Multas más altas para predios baldíos y terrenos desocupados sin mantenimiento, llegando hasta 2.000 UEM para superficies mayores a 3.000 m².
• Penalidades específicas para la quema de residuos, vertido ilegal de neumáticos y transporte de basura sin habilitación.
• Clausura preventiva para grandes generadores de residuos que no cumplan con la normativa.
• Sanciones solidarias para empresas de publicidad que violen normas de instalación de cartelería.

Pero el aspecto más innovador de la normativa es la creación del «Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales», que financiará tareas de limpieza y restauración de espacios públicos degradados. Este fondo se nutrirá directamente del cobro de las multas previstas en el artículo 219° del Código de Convivencia.

La denuncia política detrás de la norma

Aunque el proyecto fue aprobado por consenso, Fabiana Gutiérrez —quien ha estado recorriendo los basurales de la ciudad desde hace meses— aprovechó la instancia legislativa para lanzar una advertencia y visibilizar un problema estructural:

“Desde nuestro bloque, iniciamos este camino denunciando la existencia de al menos 30 macrobasurales. Hoy ya relevamos más de 100 puntos críticos entre micro y macrobasurales, escombreras ilegales y espacios públicos abandonados”.

Según Gutiérrez, el deterioro ambiental de Córdoba no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de políticas de gestión deficientes, inacción prolongada y una mirada fragmentada del problema.

“No lo hicimos desde una oficina. Lo hicimos en la calle. Documentando, denunciando, exigiendo”, expresó la concejal en su intervención.

La situación que describió es alarmante: un Centro de Transferencia en Rancagua con maquinaria rota desde hace más de un año; escombreras municipales colapsadas; camiones arrojando residuos a cielo abierto; y predios enteros, que deberían ser áreas verdes, convertidos en basurales clandestinos.

¿Multar o recaudar? La delgada línea entre sanción y política pública

Uno de los puntos en los que más insistió la edil fue evitar que el nuevo régimen se convierta en una simple herramienta de recaudación:

“Hemos logrado incorporar cambios significativos a las sanciones monetarias. Sin embargo, que esto no sea meramente recaudatorio, sino el reflejo de una política pública y educativa en cuanto a la gestión de residuos”.

En ese sentido, el nuevo fondo ambiental es visto como un primer intento de revertir décadas de abandono y fragmentación en la gestión de la basura en Córdoba. El objetivo declarado es descentralizar esa gestión, abrir nuevos centros de transferencia y recuperar zonas hoy completamente degradadas.

Una ciudad que debe tomar partido

La modificación de los artículos 208, 211, 213, 219 y 269 del Código de Convivencia, y la incorporación de nuevos artículos que dan vida al fondo ambiental, reflejan una clara decisión política del Concejo Deliberante. Sin embargo, queda por ver si estas medidas se traducen en transformaciones concretas o si quedarán, como muchas otras, en los archivos normativos sin ejecución real.

Fabiana Gutiérrez lo dejó claro en su discurso de cierre:

“Acompañamos este proyecto con la convicción de que es un avance, pero reiteramos que el camino hacia una Córdoba limpia y sostenible es largo y requiere de un compromiso constante”.

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Córdoba frente a un espejo incómodo

La aprobación de esta ordenanza revela un hecho incómodo: Córdoba enfrenta una crisis ambiental creciente que fue durante años ignorada o minimizada. Las sanciones ahora son más duras y el fondo ambiental abre una nueva ventana de oportunidad. Sin embargo, como bien advirtió la concejal Gutiérrez, ninguna norma alcanzará si no hay una decisión política firme, sostenida y acompañada por la ciudadanía.

La ciudad ya no puede darse el lujo de mirar para otro lado. La basura —y lo que representa— ya no está debajo de la alfombra: está en cada baldío, en cada escombrera, en cada predio olvidado. Y frente a eso, la política tiene que dejar de esconderse.