Como legislador provincial y como ciudadano, no puedo dejar pasar las declaraciones recientes del legislador Siciliano, quien, en su intento por blindar la imagen de una gestión que hace agua por todos lados, calificó como “politiquería barata” los reclamos genuinos de miles de cordobeses. No solo es preocupante la negación de la realidad, sino también la liviandad con la que se insulta a quienes sufren día a día las consecuencias del abandono estatal.

Siciliano elige poner bajo la alfombra los problemas estructurales que atraviesan tanto la provincia como la ciudad de Córdoba. Y al hacerlo, no solo le falta el respeto a la oposición que cumple su rol con responsabilidad, sino también a todos los vecinos que padecen un contexto asfixiante: inseguridad creciente, un sistema de salud colapsado, impuestazos sistemáticos y una pobreza que ya no golpea la puerta, sino que se instaló dentro del hogar de miles de familias.

Mientras el oficialismo habla de politiquería, nosotros hablamos de hechos: Córdoba tiene hoy funcionarios presos y otros investigados por delitos graves. La situación en el Tribunal de Cuentas, reformado entre gallos y medianoche, genera dudas legítimas sobre la transparencia institucional. Y el escándalo del incendio en el APROSS, cuyas causas aún no se esclarecen, se suma a un clima de sospecha que en lugar de disiparse, crece.

En este escenario, el Gobierno de Martín Llaryora y Daniel Passerini ha optado por cerrar los canales de diálogo. La Legislatura opera bajo un cerrojo político: se censuran debates, se esquivan pedidos de informes y se bloquean sesiones especiales que permitirían discutir, con seriedad, los problemas que más preocupan a la sociedad. ¿De qué manera se puede avanzar en soluciones si ni siquiera se nos permite debatir?

Como oposición, no venimos con piedras en la mano, venimos con propuestas. Queremos debatir, de cara a la ciudadanía, temas urgentes: la situación penitenciaria, la cúpula policial, la crisis del APROSS, los impuestazos, la pobreza estructural y el deterioro institucional. Pero cada intento es frustrado por la soberbia estatal de quienes creen que gobernar es imponer, no construir consensos.

Córdoba atraviesa una crisis profunda, y esconderla no la resuelve. No se trata de un discurso catastrofista ni de una estrategia electoral: se trata de mirar a los ojos a los vecinos, caminar los barrios, escuchar a los trabajadores de la salud, a los jubilados que no llegan a fin de mes, a los comerciantes fundidos, y actuar en consecuencia.

Es imperativo que el oficialismo baje a la realidad. Negar lo evidente no solo es una ofensa, es una irresponsabilidad. Reaccionen. Por el bien de todos los cordobeses.