El sábado fuimos testigos de un nuevo capítulo en la peligrosa estrategia del presidente de socavar la confianza en nuestras instituciones. Con un discurso cargado de insinuaciones y ataques solapados, intentó, una vez más, sembrar dudas sobre la legitimidad de los representantes elegidos por el voto popular. Esto no puede ser tolerado ni minimizado. Se puede y se debe debatir sobre la eficiencia de un gobierno, pero jamás poner en tela de juicio su representación democrática. Estas prácticas dañan el tejido institucional y ponen en riesgo los principios republicanos.

Pero si de conveniencias y oportunismos hablamos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, es un claro ejemplo de cómo un dirigente puede escuchar solo lo que le conviene. En un país donde la urgencia del ajuste es innegable para evitar el colapso económico, Llaryora ha optado por la receta opuesta: aumentar el gasto público en lugar de racionalizarlo. Mientras el Gobierno Nacional insta a las provincias a tomar medidas responsables, Córdoba sigue engordando una estructura estatal ineficiente y costosa, sin control ni austeridad.

A un año de mandato, Llaryora no ha realizado un solo ajuste en su administración. Todo lo contrario: ha expandido el aparato burocrático con 14 ministerios y 10 agencias que operan sin rendir cuentas. ¿Y quién paga los costos de esta política? Los trabajadores de la salud, la educación y la seguridad, quienes reciben sueldos y jubilaciones que apenas les permiten sobrevivir, por debajo de la línea de pobreza e indigencia. La gestión de Llaryora no solo ignora la crisis, sino que la profundiza con decisiones que priorizan la política sobre la gente.

Córdoba no puede seguir sosteniendo un Estado elefantiásico a costa de impuestazos que asfixian a los ciudadanos y a los sectores productivos. No podemos permitir que el ajuste siempre recaiga sobre quienes trabajan y generan riqueza, mientras la clase política sigue engrosando su estructura con cargos innecesarios. Es momento de terminar con esta voracidad fiscal y exigir un gobierno que administre con responsabilidad, que entienda que el dinero de los cordobeses no es un pozo sin fondo para financiar la ineficiencia.

Los cordobeses ya no toleran más promesas vacías ni discursos complacientes. Basta de impuestos abusivos, basta de derroche, basta de decisiones que solo benefician a la casta política. Es momento de que Llaryora escuche el verdadero clamor de la gente y haga lo que realmente se necesita: reducir el gasto, administrar con eficiencia y devolverle a los cordobeses la dignidad que les están arrebatando.

Miguel O. Nicolas – Legislador Provincial – Bloque UCR