La Lotería de Córdoba ha generado controversia al anunciar, de manera misteriosa y oportunista, una licitación pública internacional para la concesión de hoteles, casinos y máquinas de juego (slots) en toda la provincia. El llamado, convocado para el 10 de diciembre de 2024, tiene como fecha de adjudicación el 10 de febrero de 2025 y otorgará las concesiones hasta el año 2047.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura, Matías Gvozdenovich, calificó el procedimiento como “artero y sospechoso”. Según el legislador, la convocatoria se realiza en una época estratégica, próxima al inicio de las vacaciones, lo que podría limitar el escrutinio público y la participación de oferentes idóneos. Además, señaló que el Poder Ejecutivo provincial ha delegado todas las facultades de esta licitación en el presidente de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado (LPCSE), evadiendo la fiscalización y el control legislativo.

Una licitación bajo la lupa

Uno de los puntos más cuestionados es la anticipación con la que se lleva a cabo este concurso: tres años antes del vencimiento de las concesiones actuales. Gvozdenovich señaló que este plazo resulta inusual y genera dudas sobre la transparencia del proceso. “Estamos frente a una licitación de aparente legalidad, pero que en realidad encubre una maniobra dirigida a consumar un negocio seleccionado de antemano y en beneficio de alguien en forma ilegal”, denunció.

El legislador también cuestionó la viabilidad de que posibles oferentes internacionales puedan analizar adecuadamente las condiciones y exigencias de la licitación en el plazo otorgado. “El presuroso llamado suprime la competencia y elimina la transparencia”, afirmó, agregando que esta estrategia parece estar diseñada para beneficiar a un grupo específico, limitando la participación de competidores externos y más idóneos.

Un negocio multimillonario y de largo plazo

La concesión incluye activos estratégicos como hoteles y casinos, además de miles de máquinas tragamonedas distribuidas en toda la provincia. Este contrato, que se extenderá por 23 años, involucra sumas multimillonarias y un impacto significativo en la economía y el turismo de Córdoba. Sin embargo, la falta de claridad en el proceso licitatorio plantea serias preocupaciones sobre el destino de estos recursos y la legitimidad del procedimiento.

Reclamos por mayor control y transparencia

Gvozdenovich y otros referentes de la oposición han exigido que la legislatura recupere su rol de fiscalización para garantizar un proceso abierto y competitivo. Además, han solicitado explicaciones al Poder Ejecutivo sobre los motivos de la urgencia y la falta de supervisión en esta licitación de gran envergadura.

En un contexto donde la confianza en las instituciones públicas está en jaque, este tipo de maniobras refuerza la percepción de que los intereses particulares están por encima del bienestar colectivo. La sociedad cordobesa espera respuestas claras y medidas concretas para asegurar la transparencia en el manejo de los recursos provinciales.