El pedido de Nancy Almada para debatir el proyecto sobre tablas provocó reproches entre el juecismo y el oficialismo, insultos desde las gradas y un prolongado cuarto intermedio. El peronismo se comprometió a tratarlo la próxima semana en comisión y buscar un texto consensuado con la iniciativa presentada por Julieta Rinaldi. «La ley va a salir», aseguraron desde el PJ.

El intento del juecismo de llevar sobre tablas la denominada Ley Fede desató uno de los momentos de mayor tensión de la sesión de este miércoles en la Legislatura de Córdoba. El pedido de la legisladora Nancy Almada para tratar su iniciativa, que propone un abordaje integral de la Condición del Espectro Autista (CEA), abrió un fuerte enfrentamiento con el oficialismo, que terminó con insultos desde las tribunas y un prolongado cuarto intermedio.
La discusión excedió rápidamente las diferencias parlamentarias. Hubo reproches cruzados, acusaciones por el manejo político del proyecto y expresiones dirigidas a legisladores oficialistas desde las gradas. «Ratas» fue uno de los insultos que se escucharon en el recinto y que obligaron a interrumpir el desarrollo de la sesión.
La posibilidad de retirar a quienes protagonizaban los incidentes llegó a plantearse, aunque esa decisión podía agravar todavía más el conflicto. Finalmente, los presidentes de bloque acordaron pasar a un cuarto intermedio para volver a conversar y encontrar una salida que permitiera retomar el temario.
Un compromiso bajo presión
El enfrentamiento tenía un trasfondo político que venía acumulando tensión desde antes de la sesión. Almada había cuestionado públicamente la falta de avances de su proyecto y reclamado que fuera incorporado al temario para solicitar su tratamiento sobre tablas, sin despacho de comisión.
Desde el juecismo sostuvieron que existía un compromiso previo del PJ para avanzar con la iniciativa y exigieron una fecha concreta. La presencia de familiares y representantes de organizaciones vinculadas al autismo en las gradas también formó parte de la disputa: la oposición buscó que el oficialismo asumiera delante de ellos la responsabilidad de ponerle fecha al debate.
En el peronismo, en cambio, interpretaron esa estrategia como una forma de presión sobre los legisladores. En conversaciones de pasillo, referentes del oficialismo acusaron a Almada de haber «mentido» en sus declaraciones públicas y negaron que existiera una decisión de bloquear la ley.
El legislador Marcelo Eslava intentó fijar esa posición durante el tramo final de la sesión, cuando planteó una cuestión de privilegio por las agresiones verbales escuchadas en el recinto. «Es una ley muy importante y la posición de nuestro bloque no es que estamos en contra. Solicitamos la posibilidad de dialogar cuando hay leyes de suma importancia, para tratar de sacar la mejor ley. Queremos volver a tratarla en comisión y abordarla conjuntamente con un proyecto de nuestro bloque», argumentó.
Eslava también cuestionó el clima generado desde las tribunas. «Yo mañana traigo 100 personas y hago un tumulto acá. Tiene que haber una discusión política, pero siempre respetándonos», sostuvo. Y buscó despejar las acusaciones de obstrucción con una definición: «Este bloque no va a votar nunca una ley que vaya en contra de la discapacidad».
Dos proyectos y una negociación
Detrás del enfrentamiento también aparece una discusión sobre el contenido y el alcance de las iniciativas. El proyecto de Almada plantea una formación obligatoria, permanente y adaptada en CEA para agentes estatales de todos los niveles, profesionales de distintas áreas y personal de atención al público de empresas y entidades privadas.
Pero la propuesta juecista no se limita a la capacitación. Busca aprovechar las estructuras existentes del Estado provincial, evitar la creación de nuevas burocracias y garantizar respuestas concretas a las personas con autismo y sus familias.
Entre sus principales puntos contempla un equipo móvil de crisis disponible las 24 horas, la continuidad de prestaciones y medicamentos, un sistema de cuidadores remunerados para familiares que debieron abandonar sus empleos y mecanismos de acceso automático a prestaciones cuando el Estado no responda dentro de los plazos establecidos.
También incorpora medidas de inclusión en seguridad, justicia, educación y ámbitos privados, además de identificadores viales, facilitadores policiales y judiciales, incentivos y sanciones.
El oficialismo, por su parte, ingresó durante la sesión una iniciativa de autoría de Julieta Rinaldi. El proyecto establece capacitación obligatoria y gratuita en CEA para el personal de los tres poderes del Estado, con especial atención a los sistemas educativo y sanitario. También incorpora requisitos de formación certificada para quienes brindan servicios de atención directa a personas con discapacidad a través de APROSS.
Rinaldi y otros legisladores oficialistas vienen trabajando el tema con consultas a organismos provinciales que intervienen en la materia. La intención del PJ es que ambas propuestas confluyan en un texto común. Sin embargo, la presentación de un proyecto propio también alimentó las sospechas opositoras sobre los tiempos y la voluntad política del oficialismo para avanzar con la iniciativa de Almada.
La promesa de una ley en diciembre
La salida al conflicto llegó con un compromiso concreto de continuidad parlamentaria. Fuentes legislativas confirmaron que el proyecto será tratado la próxima semana en comisión, donde se buscará compatibilizar las iniciativas de Almada y Rinaldi para avanzar hacia un dictamen de mayoría.
El acuerdo permitió destrabar la sesión sin aceptar el tratamiento sobre tablas que reclamaba el juecismo. El oficialismo, a su vez, consiguió sostener su postura de que la ley debe surgir de un trabajo conjunto.
«La ley va a salir», aseguraron desde una importante voz del peronismo. La previsión es que el texto pueda llegar al recinto en alguna de las sesiones de diciembre que restan para completar el período legislativo, posiblemente el 9 o el 22.
Tras levantarse el cuarto intermedio, el jefe de la bancada oficialista, Facundo Torres Lima, definió lo ocurrido como una «acalorada sesión». La Legislatura retomó entonces el tratamiento de los demás proyectos del temario, entre ellos la ampliación de varios radios municipales.
La disputa dejó una señal política para ambos sectores. El juecismo logró instalar el reclamo, poner la Ley Fede en el centro de la discusión y forzar al PJ a explicitar un compromiso de tratamiento. El oficialismo evitó una votación sobre tablas y trasladó la negociación al ámbito de comisión, donde buscará integrar su propia propuesta.
La promesa de que la ley saldrá funcionó como un principio de distensión después de una jornada marcada por los cruces y los insultos. Pero el acuerdo todavía debe traducirse en un texto común y, sobre todo, en una votación que confirme que el compromiso asumido en el recinto no quedará otra vez sujeto a los tiempos políticos.
