
El gobernador Martín Llaryora presentó el Presupuesto 2027 con una puesta en escena centrada en la reducción del impuesto inmobiliario. Una medida que intenta instalarse como una señal de alivio para los contribuyentes, pero que resulta difícil de analizar sin mirar lo ocurrido durante los últimos tres años, en los que los impuestos y las tarifas acumularon incrementos superiores al 500% y, en algunos casos, llegaron al 1.000%.
Mientras el anuncio ocupaba la atención pública, por otro lado y con mucho menos ruido, la mayoría oficialista en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) volvió a habilitar un aumento en la tarifa de agua, bajo la concesión de Aguas Cordobesas. Desde diciembre de 2023, ese servicio ya acumula una suba superior al 400%.
La contradicción es evidente: el Gobierno busca mostrarse como un Estado que les devuelve recursos a los ciudadanos, pero al mismo tiempo permite que sigan aumentando servicios esenciales. No alcanza con anunciar una reducción impositiva si, por otra vía, se continúa trasladando el costo de la política pública al bolsillo de los mismos contribuyentes.
Llaryora construyó durante estos años un colchón de recaudación a partir de sucesivos aumentos. Ahora pretende presentar una rebaja como un gran gesto, mientras las familias siguen soportando tarifas cada vez más difíciles de afrontar. El alivio que se anuncia por un lado pierde sentido cuando se lo compensa con nuevos aumentos por otro.
Los cordobeses no necesitan anuncios publicitarios ni gestos de campaña. Necesitan que el Estado deje de avanzar sobre sus ingresos y que exista una política tarifaria razonable, transparente y acorde con la realidad económica que atraviesan miles de hogares.
Basta de aumentos que no dan respiro y de discursos que intentan disimularlos. Mientras el Gobierno celebra una supuesta reducción de impuestos, cada vez más familias hacen cuentas para llegar a fin de mes.
Córdoba necesita un cambio de rumbo. Y ese cambio debe empezar por dejar de castigar a quienes sostienen, con su esfuerzo, el funcionamiento del Estado.
