La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para reemplazar la Emergencia en Discapacidad por un régimen permanente, pero debió modificar su propuesta y negociar con bloques aliados. Los diputados vinculados al cordobesismo mantuvieron su respaldo a la prórroga hasta fines de 2027 y el Gobierno provincial ratificó su postura.

La discusión por la discapacidad volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrenta el Gobierno de Javier Milei para avanzar en el Congreso sin negociar con sus aliados. La Libertad Avanza logró quedarse con el dictamen de mayoría en Diputados, pero para conseguirlo tuvo que modificar parte del esquema que había quedado plasmado inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027.

Este miércoles, el oficialismo reunió 42 firmas contra 36 de la oposición durante el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. De esta manera, su iniciativa para establecer un régimen permanente será la primera en ser considerada cuando el tema llegue al recinto, aunque todavía no hay una fecha definida para esa sesión.

El dictamen opositor propone, en cambio, extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, cuyo tratamiento había sido emplazado previamente por la Cámara de Diputados.

El Gobierno tuvo que negociar

La principal señal política estuvo en cómo se construyeron esas 42 firmas.

La Libertad Avanza necesitó del acompañamiento de legisladores de otros espacios. Según el detalle del dictamen, además de las firmas libertarias hubo respaldos del PRO, la UCR y sectores provinciales, mientras algunos diputados acompañaron con disidencias. Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella, de Argentina Federal, estuvieron entre quienes firmaron de esa manera.

El resultado permitió al oficialismo quedarse con el dictamen de mayoría, pero llegó después de varios días de negociaciones y modificaciones sobre los puntos que habían generado cuestionamientos dentro del propio esquema de aliados del Gobierno.

El conflicto se había profundizado luego de que el Presupuesto 2027 introdujera cambios relacionados con pensiones, prestaciones y el nomenclador del sistema. Frente a las objeciones, el oficialismo terminó presentando una nueva iniciativa denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

El nuevo texto sostiene, entre otros puntos, las pensiones no contributivas por discapacidad, contempla su compatibilidad con determinados niveles de empleo formal, ratifica la universalidad del nomenclador y prevé mecanismos de actualización de las prestaciones. También incorpora disposiciones vinculadas con partidas presupuestarias y pagos pendientes a prestadores.

Fue, en los hechos, una modificación importante respecto de la discusión que se había abierto con el proyecto presupuestario.

Las diferencias llegaron al propio oficialismo

La controversia también había expuesto diferencias internas.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó públicamente la falta de coordinación alrededor de las modificaciones incorporadas al Presupuesto y reconoció las dificultades que ese tipo de decisiones generaba en la relación con los legisladores que negociaban con otros bloques.

En Diputados, una de las dirigentes que tomó protagonismo en las conversaciones fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien defendió la necesidad de abandonar un esquema excepcional y avanzar hacia una legislación permanente.

La posición oficialista terminó imponiéndose en cantidad de firmas, pero el número también reflejó la necesidad de construir acuerdos por fuera de La Libertad Avanza.

Llaryora mantuvo su posición

En ese escenario, Martín Llaryora decidió no acompañar el cambio impulsado por la Casa Rosada.

Los diputados Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo, integrantes de Provincias Unidas y vinculados al esquema político del gobernador cordobés, firmaron el dictamen que propone mantener la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2027. El dictamen opositor obtuvo 36 adhesiones, cinco de ellas correspondientes a Provincias Unidas.

La decisión mantiene una posición que Llaryora ya había hecho pública frente al debate presupuestario: Córdoba cuestionó cualquier modificación que pudiera afectar el financiamiento o la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Para el Gobierno provincial, la discusión permite además establecer una diferencia concreta con la administración nacional dentro de una relación que, en otros temas, combina diálogo institucional, reclamos por fondos y negociaciones parlamentarias.

No implica necesariamente una ruptura general con Milei. Sí marca un límite en una agenda específica en la que el cordobesismo decidió sostener una posición diferente.

La desconfianza, en el centro de la discusión

Uno de los principales argumentos de quienes respaldan la prórroga es que una nueva legislación permanente necesita un debate más amplio antes de reemplazar definitivamente al régimen de emergencia.

Desde ese sector sostienen que primero debería garantizarse la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de las obligaciones pendientes, para posteriormente discutir un sistema definitivo.

Esa postura fue expresada también desde el Ejecutivo cordobés por la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, quien reclamó que cualquier nuevo régimen involucre a personas con discapacidad, familias, prestadores, provincias, organizaciones y bloques parlamentarios.

“Una ley permanente exige una mesa grande: personas con discapacidad, familias, prestadores, provincias, organizaciones y todos los bloques del Congreso. Y, sobre todo, exige coherencia”, planteó la funcionaria.

Montero cuestionó especialmente que mientras el Congreso discute una legislación permanente exista simultáneamente una controversia sobre las partidas y mecanismos incluidos en el Presupuesto.

“Primero hay que garantizar la continuidad: prorrogar la emergencia, cumplir todas las obligaciones que la misma fijó, y hacer una transición hasta que la nueva ley esté sancionada, reglamentada y efectivamente implementada, sin dejar a nadie en un vacío”, sostuvo.

Y concluyó: “La discapacidad no puede ser una negociación de pasillo. Tiene que ser una política de Estado”.

Dos caminos frente al mismo problema

El debate quedó así planteado entre dos alternativas.

La Libertad Avanza propone reemplazar el régimen excepcional por una legislación permanente y sostiene que el nuevo texto garantiza prestaciones, pensiones, nomenclador, financiamiento y mecanismos de actualización. La oposición que firmó el dictamen de minoría plantea que la emergencia debe extenderse hasta diciembre de 2027 mientras se discute con mayor profundidad una normativa definitiva.

Para el Gobierno nacional, haber obtenido 42 firmas significó asegurarse que su propuesta encabece el tratamiento cuando el proyecto llegue al recinto. Pero el recorrido hasta ese resultado dejó otro dato político: para construir esa mayoría debió negociar, modificar posiciones iniciales y aceptar aportes de los bloques aliados.

Llaryora, en cambio, decidió mantenerse por fuera de ese acuerdo.

Con García Aresca y Basualdo firmando la prórroga y funcionarios provinciales defendiendo públicamente esa posición, Córdoba sostiene su apuesta por mantener la emergencia mientras continúa el debate por una legislación permanente.

La próxima disputa será en el recinto. Allí se definirá si el acuerdo que permitió a La Libertad Avanza conseguir el dictamen de mayoría también alcanza para convertir su propuesta en ley o si vuelve a modificarse el equilibrio de fuerzas que se vio en las comisiones.