Torres y Limia acusaron al radicalismo de aplicar una “doble vara” tras el antecedente de Cañito Flores. Hacemos Unidos se retiró del recinto y Ferrero quedó sin poder responder.
La tensión política que desde hace semanas atraviesa a la Legislatura de Córdoba terminó de instalarse este martes 22 de septiembre en el recinto. El caso Omar Ludueña se convirtió en el centro de una fuerte disputa entre Hacemos Unidos por Córdoba y la UCR, con acusaciones cruzadas, pedidos de apartamiento y una sesión ordinaria que terminó abruptamente cuando el oficialismo abandonó sus bancas y dejó al cuerpo sin quórum.
El episodio tuvo como protagonistas centrales al jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, y al legislador Leonardo Limia, quienes buscaron trasladar hacia el radicalismo el estándar de responsabilidad política que la oposición había reclamado semanas atrás durante la crisis que terminó con la salida del entonces legislador Ramón “Cañito” Flores.
Del otro lado quedó Alejandra Ferrero, presidenta del bloque radical y dirigente del espacio de Rodrigo de Loredo, quien había regresado a su banca después de apartarse temporalmente de la actividad legislativa tras conocerse la situación judicial de Ludueña.
El contrapunto Flores-Ludueña
El argumento político del peronismo tuvo un punto central: comparar la respuesta que la UCR exigió frente al caso Flores con la posición que adoptó ahora frente a Ludueña.
Ludueña es empleado permanente de la Legislatura y se encontraba afectado al despacho de Ferrero cuando trascendió la investigación judicial en su contra. Fue detenido el 11 de septiembre en el marco de una causa que investiga delitos contra la integridad sexual. La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno.
Desde el oficialismo provincial sostienen que existe una contradicción entre el criterio utilizado por el radicalismo para reclamar responsabilidades políticas en el caso Flores y la postura asumida ahora.
Fue allí donde Torres endureció su discurso.
El presidente del bloque de Hacemos Unidos acusó a Ferrero y a De Loredo de haber utilizado políticamente el episodio que terminó con la renuncia de Flores y recordó las fuertes críticas que en ese momento la oposición había dirigido contra el peronismo provincial.
Torres sostuvo que mientras la UCR cuestionaba al oficialismo por el caso Flores, dentro de la estructura radical existía una situación que, según su interpretación, presentaba características comparables. También cuestionó el tiempo transcurrido entre el conocimiento político de la situación y las medidas posteriormente adoptadas.
El legislador resumió su cuestionamiento acusando al radicalismo de “doble vara”, además de utilizar términos como “cinismo” e “hipocresía”. Se trató de una acusación política del oficialismo, rechazada posteriormente por Ferrero.
Limia pidió que Ferrero continuara apartada
La segunda parte de la ofensiva estuvo en manos de Leonardo Limia.
El legislador de Hacemos Unidos planteó que Ferrero debía mantener su apartamiento de la actividad parlamentaria mientras se esclarecían las circunstancias institucionales alrededor de Ludueña.
Su iniciativa buscaba conocer además cuándo la legisladora tomó conocimiento de la denuncia y qué decisiones se habían adoptado desde entonces.
Limia sostuvo que el debate debía centrarse en la “congruencia” de los criterios utilizados dentro de la Legislatura. Su planteo fue que si el radicalismo había entendido que Flores debía apartarse por la situación judicial de personas vinculadas a su estructura política, correspondía explicar por qué ese criterio no se aplicaría del mismo modo en este caso.
La UCR rechaza precisamente ese punto de partida: considera que las circunstancias administrativas, judiciales y políticas de ambos episodios son diferentes y que no corresponde establecer una equivalencia automática.
Sin los dos tercios y con un recinto vacío
Torres y Limia utilizaron sus intervenciones para pedir la reconsideración de las iniciativas relacionadas con el caso Ludueña. Sin embargo, la oposición no aportó los dos tercios necesarios para habilitar su tratamiento sobre tablas.
Ese rechazo abrió el momento de máxima tensión.
Después de las intervenciones oficialistas, los legisladores de Hacemos Unidos comenzaron a abandonar sus bancas. La salida del bloque dejó al recinto sin el número necesario para continuar y la sesión debió ser levantada por falta de quórum.
La consecuencia política fue inmediata: Ferrero no alcanzó a plantear la cuestión de privilegio que tenía previsto utilizar para responder las acusaciones formuladas durante la sesión.
El episodio terminó así con dos discursos del oficialismo, el rechazo al tratamiento sobre tablas y una retirada que impidió que el debate continuara dentro del recinto.
Ferrero respondió desde las redes
Sin posibilidad de realizar allí su descargo, Ferrero trasladó la respuesta a sus redes sociales.
La dirigente radical calificó de “cobardes” a los integrantes del oficialismo por retirarse antes de que pudiera hablar y cuestionó que la situación se produjera justamente durante una jornada en la que la Legislatura había conmemorado los 25 años de la última Convención Constituyente provincial.
Ferrero también rechazó el corazón del argumento peronista y calificó de “falsa equiparación” la comparación entre Ludueña y el caso Flores.
Según la posición expresada por la radical, su espacio adoptó medidas una vez conocida la situación, recurrió a la Justicia y solicitó el apartamiento del empleado de sus funciones. Ferrero había pedido formalmente que Ludueña fuera apartado luego de hacerse pública la denuncia.
La legisladora sostuvo además que continuará reclamando transparencia dentro de la Unicameral, dejando planteada una disputa política que difícilmente haya terminado con el cierre anticipado de la sesión.
La trayectoria de Ludueña también quedó bajo discusión
Más allá del enfrentamiento entre bloques, uno de los puntos que deberá esclarecer administrativamente la Legislatura es el recorrido laboral de Ludueña dentro del Poder Legislativo.
Hacemos Unidos presentó un pedido de informes para determinar cuándo ingresó, bajo qué modalidad, quiénes solicitaron sus distintas designaciones y en qué despachos desarrolló tareas.
Según los fundamentos difundidos por el propio oficialismo, Ludueña ingresó el 10 de diciembre de 2011, a pedido del bloque radical, inicialmente bajo un contrato de asistente legislativo. El PJ sostiene además que posteriormente pasó a planta permanente a requerimiento del entonces legislador Rodrigo de Loredo. Esa reconstrucción forma parte del planteo oficialista y es precisamente uno de los aspectos sobre los que se solicitó información institucional.
Otras fuentes coinciden en que Ludueña forma parte de la planta permanente desde 2015 y que posteriormente quedó afectado a la oficina de Ferrero.
La discusión permitió así al peronismo ampliar su ofensiva política más allá de Ferrero y colocar nuevamente a Rodrigo de Loredo en el centro del enfrentamiento.
No es un dato aislado. De Loredo había reclamado previamente avanzar con un juicio político contra la vicegobernadora Myrian Prunotto a raíz de las derivaciones políticas del caso Flores y sus colaboradores, por lo que la pelea entre el oficialismo provincial y el radicalismo deloredista ya venía escalando antes de la aparición del caso Ludueña.
De la institucionalidad al choque político
La jornada había comenzado con una escena diametralmente diferente.
La Legislatura realizó una sesión especial por el 25° aniversario de la Reforma Constitucional de 2001, que instauró el actual sistema unicameral en Córdoba. La convocatoria había sido formalizada para reflexionar sobre la trascendencia institucional de aquella reforma y contó con actividades de reconocimiento a quienes participaron del proceso constituyente.
Horas después, el escenario cambió por completo.
La sesión ordinaria volvió a exhibir la profundidad de la pelea entre el PJ y la UCR. El caso Flores, que había colocado al oficialismo bajo presión durante semanas, encontró ahora su contracara en la ofensiva peronista por Ludueña.
Pero detrás de los nombres propios empieza a emerger un problema más amplio para la Unicameral: qué reglas, controles y procedimientos deben aplicarse ante situaciones judiciales graves que involucren a empleados o colaboradores del Poder Legislativo, y hasta dónde alcanza la responsabilidad política de los legisladores para los que prestan funciones.
Por ahora, esa discusión institucional continúa desplazada por otra mucho más inmediata: la pelea entre oficialismo y oposición por determinar quién utilizó una vara diferente cuando el problema apareció en el bloque de enfrente.