Acusan al oficialismo de utilizar su mayoría para bloquear iniciativas incómodas hasta que pierdan estado parlamentario. Hablan de una práctica sistemática que vacía de contenido la representación opositora y convierte al Concejo Deliberante en una escribanía del Ejecutivo municipal.

En la política existen dos formas de derrotar una iniciativa. La primera es discutirla y reunir los votos para rechazarla. La segunda, mucho más silenciosa y difícil de advertir para la ciudadanía, consiste en impedir que llegue siquiera al debate. Es precisamente este último mecanismo el que la oposición asegura que se ha convertido en una práctica habitual dentro del Concejo Deliberante de Córdoba.

La denuncia ya no se expresa únicamente en conferencias de prensa o declaraciones periodísticas. Esta semana quedó plasmada en un documento formal dirigido al viceintendente Javier Pretto, presidente del cuerpo legislativo, donde los bloques de la UCR, Frente Cívico, PRO y Cordobeses por la Libertad exigieron el tratamiento inmediato de 535 proyectos que permanecen inmovilizados en las comisiones.

Pero el dato más relevante no es el número de expedientes acumulados, sino el sistema que, según la oposición, permite que esas iniciativas desaparezcan sin discusión pública.

La acusación es contundente: el oficialismo no necesita rechazar los proyectos incómodos porque simplemente los deja dormir hasta que el paso del tiempo haga el trabajo.

Gobernar sin debatir

En cualquier parlamento, las mayorías tienen la potestad de aprobar o rechazar proyectos. Lo que la oposición pone bajo la lupa es otra cuestión: el control absoluto de la agenda legislativa.

Según las bancadas firmantes, el PJ habría perfeccionado un mecanismo mucho más eficiente que una votación negativa. Consiste en utilizar la conducción de las comisiones para impedir que determinadas iniciativas ingresen al orden del día.

El resultado es simple.

Los proyectos nunca se discuten.

Nunca se votan.

Nunca son rechazados.

Simplemente desaparecen cuando vence el plazo reglamentario.

Para los concejales opositores, esa práctica convierte al reglamento interno en una herramienta para neutralizar políticamente cualquier propuesta que incomode al Ejecutivo municipal.

El «bloqueo silencioso»

La presidenta del bloque radical, Elisa Caffaratti, fue quien sintetizó con mayor claridad el funcionamiento que denuncian.

«No debaten las propuestas, no las rechazan y tampoco dan la cara: directamente las esconden en un cajón hasta que vencen.»

La frase resume el núcleo del conflicto.

No se discute únicamente una diferencia política.

Se discute quién decide qué temas pueden formar parte del debate democrático.

Porque cuando una mayoría controla también qué proyectos llegan al recinto, deja de administrar solamente los votos y comienza a administrar el derecho mismo a debatir.

Caffaratti fue todavía más lejos al sostener que no se trata de una demora administrativa.

«Esto no es un error ni una demora casual; es una metodología.»

La palabra elegida no es casual.

Hablar de «metodología» implica denunciar una conducta reiterada y deliberada, no una acumulación circunstancial de expedientes.

Un Concejo que legisla cada vez menos

El planteo opositor vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa desde hace tiempo a distintos cuerpos legislativos del país: ¿qué función cumplen realmente los concejos deliberantes cuando la mayoría oficialista controla simultáneamente las presidencias de comisión, el orden del día y el ritmo del tratamiento parlamentario?

Formalmente, el Concejo Deliberante continúa sesionando.

Las comisiones siguen funcionando.

Los expedientes ingresan.

Pero, según la denuncia presentada, cientos de iniciativas permanecen inmóviles durante meses hasta ser archivadas automáticamente.

Si esa práctica se consolida, advierten, el problema deja de ser político para transformarse en institucional.

Porque la oposición deja de perder votaciones.

Directamente deja de tener posibilidad de competir con ideas.

El artículo 94, una norma incómoda

La presentación también introduce un elemento jurídico que podría convertirse en el eje de una futura discusión judicial.

Los bloques invocan el artículo 94 del Reglamento Interno, que establece que los proyectos deben tratarse respetando su orden de ingreso.

Sin embargo, sostienen que ese criterio no se cumple.

Afirman que las presidencias de comisión priorizan exclusivamente la agenda impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, mientras las iniciativas opositoras permanecen indefinidamente relegadas.

El interrogante es inevitable.

¿Puede una mayoría utilizar el control administrativo del procedimiento parlamentario para impedir que determinados proyectos sean debatidos?

Esa es, en definitiva, la cuestión que podría terminar resolviendo la Justicia si prosperan las acciones anunciadas.

La judicialización como límite institucional

La oposición decidió dejar asentada formalmente la reserva de promover acciones contencioso-administrativas, amparos y cualquier otra vía judicial disponible.

No es un dato menor.

Implica trasladar un conflicto político al terreno institucional y pedir que sean los tribunales quienes definan hasta dónde llegan las facultades de la conducción del Concejo.

Si la Justicia aceptara intervenir, el debate dejaría de girar exclusivamente alrededor de 535 expedientes para poner bajo análisis el modo en que funciona el sistema parlamentario municipal.

La democracia también se juega en las comisiones

Uno de los conceptos más fuertes expresados durante la presentación fue que «la democracia no termina el día de la elección».

La frase apunta directamente al argumento que suele utilizar cualquier oficialismo con mayoría propia: la legitimidad de las urnas.

Sin embargo, el funcionamiento republicano no depende únicamente del resultado electoral.

También exige reglas de debate, controles, minorías activas y procedimientos transparentes.

Cuando esos mecanismos dejan de funcionar, el riesgo es que el órgano legislativo se transforme en una estructura destinada exclusivamente a validar las decisiones del Ejecutivo.

Ese es el escenario que la oposición asegura estar viviendo en Córdoba.

Más que 535 expedientes

El número impresiona, pero probablemente no sea el dato más importante.

Lo verdaderamente trascendente es la pregunta que deja abierta esta controversia.

Si un oficialismo puede impedir indefinidamente el tratamiento de proyectos mediante la simple omisión de convocarlos a comisión, ¿qué valor conserva el derecho de iniciativa de los concejales elegidos por el voto popular?

La respuesta no sólo definirá el destino de esos expedientes.

También marcará un precedente sobre el equilibrio entre mayoría y oposición dentro del Concejo Deliberante de Córdoba.

Porque una democracia puede soportar que un proyecto sea rechazado.

Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que nunca llegue a discutirse.