La discusión sobre el uso del espacio público en Córdoba vuelve al centro de la agenda política. En un contexto marcado por la creciente informalidad, la falta de reglas claras y situaciones de tensión cotidiana, la concejal Fabiana Gutiérrez presentó un proyecto que busca intervenir de manera estructural sobre una problemática que lleva años sin resolverse.
Se trata del Sistema de Estacionamiento Medido Cooperativo Digital (SEMCD), una iniciativa que propone un modelo más transparente, controlado y con criterios definidos tanto para quienes trabajan en la vía pública como para los vecinos que utilizan el servicio.
Acompañada por concejales del bloque de la UCR, Gutiérrez impulsó este proyecto de ordenanza con un objetivo concreto: ordenar una actividad que hoy funciona, en gran medida, bajo lógicas informales y discrecionales.
El diagnóstico que sostiene la propuesta no es menor. Córdoba atraviesa un escenario donde la calle dejó de ser únicamente un espacio de tránsito para convertirse, en muchos casos, en un ámbito de negociación permanente. Precios que varían, ausencia de control efectivo y situaciones de conflicto forman parte de una dinámica que, lejos de ser aislada, se ha consolidado con el tiempo.
“Hoy la calle en Córdoba es un desastre y el vecino ya no aguanta más. Se convirtió en rehén de un sistema que nadie ordenó a tiempo”, planteó la concejal, sintetizando una percepción que, según distintos actores, se repite en distintos puntos de la ciudad.
Digitalización para cortar la discrecionalidad
Uno de los pilares del proyecto es la eliminación del efectivo en la vía pública. A través de una aplicación oficial, el sistema propone que cada pago se realice de manera digital y se distribuya automáticamente entre el trabajador y la cooperativa.
El planteo no es solo tecnológico, sino conceptual: reducir al mínimo los márgenes de discrecionalidad en el manejo del dinero, uno de los factores que más conflictos genera en la actualidad.
“Donde hay efectivo, hay margen para el apriete y la extorsión. Este sistema apunta a cortar esa lógica de raíz”, se desprende de los fundamentos del proyecto.
Una tarifa única y reglas claras
El SEMCD establece además una tarifa única, universal y determinada exclusivamente por el Ejecutivo municipal. La intención es clara: eliminar las diferencias de criterio en la calle y garantizar previsibilidad para el vecino.
Este punto, que puede parecer técnico, impacta directamente en la experiencia cotidiana de quienes utilizan el estacionamiento medido, donde hoy los valores pueden variar según la zona, la persona o el contexto.
Idoneidad, identificación y control
El proyecto también incorpora un conjunto de requisitos para quienes trabajen en la vía pública, introduciendo una dimensión que hasta ahora había sido poco abordada en profundidad: la idoneidad.
Entre las condiciones previstas se incluyen:
- Certificado de antecedentes penales
- No figurar en el registro de deudores alimentarios
- Certificación de no violencia
- Aptitud psicofísica
A esto se suma la obligación de contar con uniforme oficial, credencial identificatoria y un código QR verificable en tiempo real, lo que permitiría al vecino saber con quién está interactuando.
La propuesta apunta así a reconstruir un marco de confianza, tanto para quienes prestan el servicio como para quienes lo utilizan.
Fin de la zona gris y régimen de sanciones
Otro de los ejes centrales del proyecto es la definición explícita de la ilegalidad de cualquier cobro fuera del sistema digital.
El esquema contempla sanciones económicas y penalidades que se agravan en casos de violencia o intimidación, buscando desalentar prácticas que hoy se desarrollan en un área difusa entre lo permitido y lo irregular.
En paralelo, se establece un régimen de control sobre las cooperativas, que deberán rendir cuentas de manera periódica ante el municipio, bajo riesgo de perder la habilitación en caso de incumplimientos.
Un modelo que busca orden sin ampliar el gasto
Según lo planteado, el sistema no implicaría un incremento del gasto público, ya que se autofinanciaría a través de la propia operatoria digital.
Este aspecto marca una diferencia con otras propuestas que apuntan a una mayor intervención estatal directa, ya que el foco aquí está puesto en organizar, regular y transparentar, más que en ampliar estructuras.
Entre la necesidad de orden y el desafío político
Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto abre una discusión de fondo: cómo se gestiona el espacio público en una ciudad donde el conflicto se volvió parte de la rutina.
Durante años, distintas administraciones optaron por esquemas de contención que, según algunas miradas, no lograron resolver los problemas estructurales. El resultado es un escenario donde conviven trabajadores en condiciones precarias, vecinos sin certezas y un Estado con presencia limitada en el control efectivo.
En ese marco, la iniciativa de Gutiérrez se presenta como un intento de reordenamiento que, inevitablemente, implicará tensiones.
Porque ordenar la calle no es solo una cuestión técnica. Es, sobre todo, una decisión política.
Y como toda decisión de ese tipo, abre un interrogante que excede a este proyecto en particular:
si Córdoba está dispuesta a redefinir las reglas de convivencia en el espacio público, o si continuará administrando un equilibrio inestable que, con el paso del tiempo, parece cada vez más difícil de sostener.
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