La aparente transparencia que se atribuía al sistema de concursos para cubrir vacantes en el Poder Judicial de Córdoba ha quedado en entredicho. Una investigación penal y un sumario administrativo pusieron al descubierto presuntas maniobras fraudulentas que podrían extenderse más allá de un caso puntual, abriendo una grieta en la credibilidad institucional del sistema judicial provincial.

El caso que destapó el escándalo

Todo comenzó en noviembre pasado, cuando cuatro postulantes a un cargo de defensor oficial obtuvieron calificaciones notablemente superiores al resto. Las aspirantes, identificadas como Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini, habrían recibido las preguntas del examen de antemano.

El responsable del concurso, el defensor oficial Eduardo Caeiro, fue señalado como el autor de esa filtración. A raíz de la denuncia, el fiscal Enrique Gavier inició una causa penal por el delito de violación de secreto oficial reiterada, y pidió la imputación de Caeiro junto con las cuatro beneficiadas.

Una investigación con doble vía

El caso avanzó por dos carriles paralelos: por un lado, el ya mencionado expediente penal a cargo de Gavier; por el otro, un sumario administrativo en el Tribunal Superior de Justicia, donde las tensiones internas comienzan a evidenciarse.

Según trascendidos, Caeiro habría manifestado su disposición a revelar otras instancias concursales también manipuladas, lo que podría abrir una caja de Pandora en el seno del Poder Judicial cordobés. Esta declaración generó fuerte preocupación entre algunos sectores del Tribunal, que hasta hace poco promovían con orgullo la transparencia de sus procesos de selección.

Más concursos bajo sospecha

La gravedad del caso se intensifica por la posibilidad de que las irregularidades no queden aisladas . Según el periodista Roberto Battaglino , en su informe en Arriba Córdoba , la fiscalía ya está investigando posibles filtraciones similares en otros concursos recientes.

Los testimonios recogidos por el fiscal Gavier revelan patrones que podrían indicar la existencia de una práctica sistemática de manipulación en el acceso a cargos públicos dentro del sistema judicial. De comprobarse, no solo estaríamos ante una falta ética grave, sino también ante un entramado que distorsiona el principio de mérito e igualdad ante la ley .

¿Crisis de confianza en la Justicia?

El escándalo golpea en el corazón de un Poder Judicial que ya enfrenta cuestionamientos por su lejanía con la sociedad y su aparente opacidad. La posibilidad de que haya designaciones amañadas no solo pone en duda la validez de esos concursos, sino que también podría derivar en la nulidad de nombramientos y en un daño institucional profundo.

La investigación continúa, pero el impacto político e institucional ya está en marcha. Si se confirma que hubo una red de concursos arreglados, será necesario revisar todo el sistema de selección de cargos judiciales y exigir una profunda rendición de cuentas por parte de las autoridades implicadas.