Con el escenario nacional atravesado por versiones sobre posibles cambios en el calendario electoral, el gobierno de Martín Llaryora decidió concentrar recursos políticos y de gestión en la ciudad de Córdoba, un territorio clave del que depende, en buena medida, su aspiración reeleccionista.

En el Centro Cívico —el Panal— asumen que cualquier modificación del cronograma nacional, especialmente una eventual eliminación de las PASO o el adelantamiento de las elecciones presidenciales de octubre a mayo, alteraría de forma sustancial el diseño electoral provincial. Esa posibilidad, que requeriría acuerdos amplios entre gobernadores y la Casa Rosada por tratarse de leyes con mayoría agravada, introduce un factor de incertidumbre que obliga a recalibrar la estrategia.

Mientras tanto, la prioridad es clara: consolidar el voto en la Capital. Para eso, Llaryora ejecuta un plan diseñado junto a su mesa política y el intendente Daniel Passerini, que combina gestión intensiva con intervenciones específicas en temas sensibles para el electorado urbano.

Gestión, orden y señales políticas

El oficialismo provincial se mantiene fiel a un libreto que le ha dado resultados: exhibir gestión como principal activo electoral. Sin embargo, en esta etapa introduce un matiz: avanzar sobre problemáticas urbanas con decisiones que buscan sintonizar con el clima social.

En ese marco se inscribe el proyecto que diferencia entre “naranjitas” legales e ilegales. La iniciativa evita tanto la prohibición total como la inacción, en una suerte de equilibrio que en el oficialismo definen como “salomónico”. La lectura política es directa: las encuestas muestran un rechazo contundente de los vecinos de la ciudad hacia los cuidacoches, y el Gobierno decidió capitalizar esa demanda antes de que la oposición monopolice el tema.

La medida también implica una tensión con sectores de la Iglesia, que volvieron a pronunciarse en favor de una sociedad “sin descartados”. Pero en el Panal la prioridad parece estar definida por el humor social más que por los planteos pastorales.

Inversión en infraestructura y presencia territorial

El despliegue en la Capital no se limita a la agenda de seguridad urbana. Provincia, municipio y la empresa estatal EPEC firmaron un nuevo convenio para modernizar el alumbrado público. El plan prevé una inversión municipal de 37.500 millones de pesos en 25 meses y la instalación de 165.000 luminarias.

La foto política del acuerdo incluyó a funcionarios con fuerte proyección en la Capital, como Miguel Siciliano y Fabián López, en una señal de alineamiento estratégico.

A esto se suman obras de alto impacto: el inminente altonivel en Valle Escondido, en una zona electoralmente adversa para el oficialismo, y el avance de la obra sobre avenida Vélez Sarsfield. También se destacan el plan de 1600 cuadras de asfalto, los frentes de bacheo y las intervenciones en cloacas y desagües.

En paralelo, Llaryora refuerza la presencia territorial con políticas de alto contenido simbólico, como la entrega de escrituras a familias de barrios vulnerables, un gesto que apunta a consolidar vínculos con sectores históricamente postergados.

Equilibrio frente a Milei

En términos discursivos, el gobernador mantiene una estrategia de equilibrio frente al presidente Javier Milei. Evita la confrontación directa, pero introduce críticas puntuales, especialmente vinculadas al impacto del ajuste en las grandes ciudades y la reducción de subsidios.

El silencio oficial sobre temas sensibles para el Gobierno nacional —como el fallo judicial en Nueva York por la estatización de YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner o las controversias que involucran a funcionarios nacionales— responde a una decisión política: no quedar atrapado en la polarización.

“Para qué decirlo, la gente lo dice sola”, sintetizan en el entorno del gobernador, en una estrategia que busca capitalizar el desgaste ajeno sin exponerse.

Una apuesta condicionada por el contexto

En el oficialismo detectan una ventana de oportunidad en el deterioro de la imagen presidencial en la ciudad de Córdoba, que —según estimaciones internas— habría caído cerca de once puntos en las últimas semanas. El malestar económico, especialmente en el bolsillo de los ciudadanos, aparece como el principal factor de desgaste.

Sin embargo, la apuesta de Llaryora no es confrontar abiertamente con Milei, sino sostener una identidad propia: “cordobesismo” sin antimileísmo, pero también sin replicar el ajuste extremo del modelo libertario.

El resultado de esa estrategia dependerá, en gran medida, de cómo evolucione el escenario nacional y de si la gestión en la Capital logra revertir resistencias históricas. En ese terreno, el Gobierno provincial decidió no esperar: aceleró, concentró recursos y puso a Córdoba capital en el centro de la escena política. El resto, por ahora, es incertidumbre.