La discusión por la seguridad en Córdoba sumó un nuevo capítulo, con un tono cada vez más político y menos técnico. El diputado nacional Rodrigo de Loredo decidió profundizar su ofensiva en torno a la reforma del régimen policial, defendiendo su propuesta de elevar la edad jubilatoria de los agentes y apuntando directamente contra el gobernador Martín Llaryora por lo que considera una maniobra de especulación electoral.

En el entorno del radicalismo aseguran que la iniciativa no pasó desapercibida. Por el contrario, celebran que haya generado una reacción inmediata del oficialismo, interpretada como una señal de que el planteo impactó en la agenda pública. La estrategia, ahora, es sostener ese nivel de exposición.

El primer contrapunto llegó desde el Ministerio de Seguridad. Juan Pablo Quinteros descalificó la propuesta al definirla como “vieja” y “del siglo pasado”. Pero la respuesta más significativa provino del propio gobernador, quien eligió un canal poco habitual: utilizó la frecuencia policial para transmitirle a los agentes que, mientras dure su gestión, el régimen jubilatorio no será modificado.

Ese gesto fue el principal blanco de las críticas de De Loredo. El diputado cuestionó tanto el contenido como la forma del mensaje, subrayando que no se trató de un detalle menor. Según su lectura, el gobernador evitó deliberadamente un pronunciamiento público amplio para no quedar expuesto ante el conjunto de la sociedad en un debate sensible: la necesidad de aumentar la cantidad de efectivos en la calle.

En esa línea, el dirigente radical acusó a Llaryora de priorizar el vínculo con la fuerza policial como electorado específico, en lugar de encarar una discusión estructural sobre la inseguridad. La crítica apunta a un punto incómodo para el oficialismo: el equilibrio entre la gestión de la seguridad y la construcción de respaldo político en sectores clave del Estado.

Como respaldo a su iniciativa, De Loredo apeló a comparaciones con otras jurisdicciones. Mencionó el caso de Santa Fe y la gestión de Maximiliano Pullaro, donde se avanzó en reformas similares. La referencia no es casual: el propio Llaryora ha buscado en reiteradas oportunidades mostrarse en sintonía con su par santafesino, incluso en el fallido intento de construcción electoral conjunta a través del frente Provincias Unidas.

El proyecto que el radicalismo intentará introducir sobre tablas —según anticipó Alejandra Ferrero— se estructura en tres ejes concretos. Por un lado, propone modificar la ley 9.728 de Personal Policial para extender de 25 a 30 los años de servicio del personal subalterno. Por otro, plantea reformar la ley 8.024 para elevar en tres años la edad jubilatoria. Finalmente, incorpora un aumento salarial del 20% para los efectivos.

El financiamiento, como en otras iniciativas de la UCR, apunta a reducir el entramado de agencias estatales creadas durante las últimas gestiones del cordobesismo. Según sus impulsores, esto no solo permitiría solventar el incremento salarial, sino también aliviar la presión sobre la Caja de Jubilaciones, uno de los puntos más críticos de la administración provincial.

En este aspecto, incluso especialistas reconocen un problema estructural: el régimen especial de retiro de policías y penitenciarios. La combinación de pocos años de aportes y largos períodos de percepción de haberes genera un desbalance difícil de sostener en el tiempo.

Sin embargo, el eje político del debate parece desplazarse de lo fiscal a lo operativo. De Loredo sostiene que la extensión de la vida activa permitiría incorporar hasta 4.000 efectivos adicionales en tareas de patrullaje. Aunque admite que no se trata de una solución definitiva, plantea que implicaría una mejora concreta en la capacidad de respuesta frente al delito.

Consciente de que el oficialismo bloqueará el tratamiento legislativo, la UCR ya definió su hoja de ruta: forzar la discusión en el recinto, insistir con pedidos de informe y convocatorias a ministros, y convertir el tema en un punto permanente de fricción política.

En ese marco, la reforma policial deja de ser un debate técnico para transformarse en un terreno de disputa política directa, donde cada movimiento expone no solo propuestas de gestión, sino también estrategias de posicionamiento de cara al escenario electoral que ya empieza a delinearse.