El gobierno provincial decidió avanzar sobre uno de los conflictos urbanos más persistentes de la ciudad de Córdoba: la regulación de los “naranjitas” y limpiavidrios. El gobernador Martín Llaryora anunció el envío de un proyecto de ley que busca prohibir la actividad ilegal en toda la provincia, pero con un esquema que delega en los municipios la decisión final sobre su habilitación.

El anuncio, difundido en redes sociales y replicado por el intendente Daniel Passerini, fue el resultado de una reunión política de alto nivel que incluyó a la vicegobernadora Myrian Prunotto, al presidente provisorio de la Legislatura Juan Manuel Llamosas, al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, al ministro Daniel Pastore, al jefe del bloque oficialista Facundo Torres y al secretario de Seguridad Juan Manuel Araoz.

Un esquema mixto: prohibición general y autonomía municipal

El eje central de la iniciativa es doble. Por un lado, establece la prohibición de los “naranjitas” ilegales y de los limpiavidrios en todo el territorio provincial. Por otro, reconoce la autonomía municipal para decidir si la actividad puede ser autorizada en cada jurisdicción.

En los casos donde se permita, los municipios deberán implementar sistemas formales de registro, identificación y control. Donde no exista habilitación, la actividad quedará directamente prohibida. El diseño intenta resolver una tensión de fondo: la necesidad de ordenar el espacio público sin avasallar las competencias locales.

El proyecto incorpora además un componente social. La Provincia se compromete a acompañar con programas de reinserción laboral para quienes hoy dependen de estas actividades informales, en un intento por evitar que la regulación derive únicamente en una política punitiva.

Un debate postergado que vuelve bajo presión

La discusión no es nueva. En diciembre, la Legislatura avanzó con modificaciones al Código de Convivencia, pero dejó afuera —de manera llamativa— los puntos vinculados a naranjitas y limpiavidrios. En ese momento, el oficialismo, a través de Facundo Torres, argumentó la necesidad de mayor consenso.

Detrás de esa postergación operaron factores políticos y sociales. Entre ellos, la intervención de la Iglesia encabezada por el arzobispo Ángel Rossi, que cuestionó la iniciativa por considerar que podía implicar una forma de “esconder la pobreza”.

Sin embargo, el deterioro del escenario en las calles reactivó el tema. En las últimas semanas, se multiplicaron episodios de violencia y extorsión protagonizados por personas que operan bajo la figura de “cuida coches”, en muchos casos vinculados a hechos delictivos más amplios. El punto de inflexión fue el ataque a un jefe policial durante una intervención, que volvió a instalar la urgencia de una respuesta.

Quinteros, presión pública y disputa interna

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, venía elevando el tono desde hace meses. Con una estrategia comunicacional sostenida, su cartera difundió de manera sistemática procedimientos vinculados a naranjitas, incluso en casos donde los implicados no pertenecían estrictamente a esa actividad.

Quinteros fue más allá: llegó a afirmar que con una ley vigente, episodios recientes de violencia podrían haberse evitado. Esa presión pública expuso no solo la falta de herramientas legales, sino también las diferencias dentro del propio oficialismo.

En la Legislatura y en sectores del peronismo cordobés se acumulaban cuestionamientos. Algunos dirigentes del interior relativizan la centralidad del problema fuera de la Capital y advierten sobre el riesgo de imponer una agenda urbana al conjunto de la provincia. Otros, en cambio, observan con recelo el protagonismo creciente del ministro y lo vinculan a una eventual proyección política en la ciudad.

Llaryora ordena y redefine el tablero

La decisión de Llaryora de tomar el control del tema marca un punto de inflexión. Al involucrarse directamente, el gobernador no solo acelera el tratamiento legislativo —con la mira puesta en una posible sanción el 8 de abril—, sino que también reordena la interna oficialista.

El diseño elegido no es neutro: al trasladar la definición a los municipios, el Ejecutivo provincial evita cargar con el costo total de la decisión y distribuye la responsabilidad política. Al mismo tiempo, introduce un marco general que habilita la intervención policial en casos de ilegalidad, uno de los reclamos centrales del área de Seguridad.

Lo que viene: consenso, oposición y un debate abierto

Desde la Legislatura, Juan Manuel Llamosas anticipó que se buscará compatibilizar el proyecto del Ejecutivo con iniciativas ya presentadas por la oposición, en un intento por construir una mayoría amplia.

El desafío será sostener ese equilibrio. La discusión combina al menos tres dimensiones: seguridad, orden urbano y contención social. Y, como quedó expuesto en los últimos meses, también está atravesada por disputas políticas internas y externas.

La nueva etapa que se abre en el debate legislativo no solo pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para ordenar su propia estrategia, sino también la viabilidad de una solución que, desde hace años, oscila entre la regulación, la prohibición y la falta de consenso.