La discusión sobre el régimen policial volvió al centro de la agenda política en Córdoba, esta vez con una propuesta concreta que combina cambios previsionales, salariales y de estructura del Estado. La iniciativa, impulsada por la legisladora Alejandra Ferrero en línea con el planteo del diputado Rodrigo de Loredo, será formalizada en las próximas horas en la Legislatura y apunta a modificar aspectos centrales del sistema vigente.

El proyecto propone llevar a 30 años la carrera para todo el personal policial —tanto subalterno como superior— y elevar en tres años la edad de retiro para los cuadros superiores. A esto se suma un aumento del 20% en el salario básico, que también alcanzaría a los retirados.

Ferrero explicó que la iniciativa implica modificaciones sobre las leyes provinciales 8.024 y 9.728, que regulan el régimen jubilatorio y el personal superior policial. “Lo que tratamos es extender mínimamente la carrera y elevar tres años el criterio etario, acompañándolo con un aumento del 20% del salario básico”, sostuvo.

Seguridad, déficit de personal y presión del delito

Uno de los argumentos centrales de la propuesta es el diagnóstico sobre la situación de seguridad. Según la legisladora, el crecimiento de la criminalidad y la complejidad de las nuevas modalidades delictivas exigen una mayor presencia policial en las calles.

“Hoy hay un crecimiento exponencial de delitos, con fenómenos como el narcotráfico, los robos y la violencia que se han vuelto cotidianos. Necesitamos más policía en la calle”, afirmó. En ese sentido, aseguró que la reforma permitiría incrementar en alrededor de 4.000 efectivos activos, al demorar los retiros.

La comparación con otras provincias también aparece como parte del argumento. Ferrero señaló que, a diferencia de Santa Fe —que extendió la carrera policial a 35 años—, el proyecto cordobés fija un tope de 30 años, buscando un punto intermedio entre sostenibilidad y operatividad.

Impacto fiscal y disputa por el gasto público

Un aspecto clave de la iniciativa es su justificación fiscal. Desde la oposición sostienen que la reforma no implicaría un aumento del gasto, sino un reordenamiento de prioridades. Según Ferrero, el esquema contribuiría a aliviar la presión sobre la Caja de Jubilaciones, al reducir el flujo de retiros anticipados.

El financiamiento del aumento salarial del 20% se vincula directamente con una reducción del gasto político. La legisladora planteó eliminar agencias estatales y recortar lo que definió como “gastos superfluos”, incluyendo partidas de cortesía y representación.

En ese punto, la propuesta también se inscribe en una disputa más amplia con el oficialismo provincial, al que cuestionan por priorizar inversiones en tecnología —como drones o equipamiento específico— por sobre la mejora de ingresos del personal.

“Nos dicen obstructores, pero lo que hacemos es aportar una propuesta que no implica gastos adicionales y que ordena las prioridades”, sostuvo.

Condiciones laborales y poder adquisitivo

Más allá del debate técnico, el proyecto pone el foco en la situación económica del personal policial. Ferrero describió un escenario de deterioro salarial y precarización, que incluye casos de efectivos que deben recurrir a trabajos informales para complementar ingresos.

“Los retirados están precarizados, las jubilaciones están recortadas y muchos policías trabajan de Uber porque no llegan a fin de mes. Hay efectivos por debajo de la línea de la pobreza”, afirmó.

El aumento del 20% aparece, en ese marco, como un intento de recomposición, aunque condicionado a la extensión de la carrera laboral. La legisladora lo definió como un “esfuerzo compartido” entre el Estado y la fuerza.

Una discusión que trasciende lo previsional

El proyecto no se limita a una reforma técnica del régimen policial. En el fondo, abre un debate más amplio sobre el modelo de seguridad, la asignación de recursos y el vínculo entre política y fuerzas de seguridad.

Desde la oposición buscan instalar la idea de que la mejora en la seguridad pasa tanto por la cantidad de efectivos como por sus condiciones laborales. El oficialismo, en cambio, viene sosteniendo una estrategia más orientada a la inversión en tecnología y modernización.

La discusión, que ya empieza a tomar temperatura política, anticipa un nuevo frente de conflicto en la Legislatura, con impacto directo en un tema sensible para la agenda pública: la seguridad y el rol del Estado frente al delito.