La Legislatura de Córdoba fue escenario este miércoles de una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, en la que el oficialismo logró aprobar dos piezas centrales del esquema de gestión del gobernador Martín Llaryora: la ratificación de la nueva estructura orgánica del Ejecutivo y la controvertida ley de loteos sociales. El resultado dejó al descubierto no solo la capacidad de orden del peronismo, sino también las dificultades de la oposición para sostener una estrategia coherente.

La bancada de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) consiguió blindar la reforma del gabinete provincial con 35 votos afirmativos —33 propios más el respaldo de aliadas— en un contexto donde las ausencias en bloques opositores, particularmente de la UCR y el juecismo, terminaron facilitando el trámite legislativo. El dato no pasó desapercibido: la falta de presencia también incidió en el resultado.

El oficialismo defendió la reestructuración como una herramienta necesaria para adaptar el Estado a un escenario económico restrictivo. El jefe del bloque, Facundo Torres, argumentó que la reforma apunta a “adecuar el funcionamiento del Estado a las demandas actuales”, mientras que Leonardo Limia la vinculó directamente con la caída de recursos nacionales y la necesidad de sostener políticas sociales. En la misma línea, Julieta Rinaldi sostuvo que los cambios buscan optimizar el gasto y mejorar la eficiencia de la gestión.

Incluso dentro del peronismo hubo matices. Marcelo Eslava retomó su crítica interna sobre “funcionarios que no funcionan”, aunque terminó respaldando la potestad del gobernador para definir su equipo.

Del otro lado, la oposición desplegó una batería de cuestionamientos centrados en la falta de transparencia y la ampliación de facultades del Ejecutivo. La radical Alejandra Ferrero denunció que la ley “blanquea” decisiones ya adoptadas por decreto, incluyendo designaciones y reasignaciones presupuestarias, y advirtió sobre la existencia de “superpoderes”. En tanto, el juecista Walter Nostrala cuestionó el aumento de cargos en un contexto de crisis y rechazó la idea de que exista un ajuste político real.

Las críticas también apuntaron al trasfondo electoral de la reforma. Desde el vecinalismo, Gerardo Grosso habló de una estructura sobredimensionada para sostener el armado territorial del PJ, mientras que Noelia Agüero denunció un uso de recursos en favor de sectores afines al oficialismo. En la misma línea, Agustín Spaccesi definió la reforma como un cambio “para que nada cambie” y la vinculó a objetivos electorales.

Loteos: críticas duras, votos ambiguos

El segundo eje de la sesión —la ley de loteos sociales— expuso con mayor claridad las tensiones internas en la oposición. Aunque la UCR y el Frente Cívico cuestionaron con dureza el proyecto, terminaron acompañándolo en general, mientras rechazaban artículos clave en la votación en particular. Una posición difícil de explicar que el oficialismo capitalizó sin costo político inmediato.

Desde el radicalismo, Lucas Valiente justificó el acompañamiento en la necesidad de atender el déficit habitacional, aunque remarcó la falta de planificación integral. Sin embargo, sectores más duros fueron categóricos. El mileísta Gregorio Hernández Maqueda calificó la iniciativa como “ley chavista” y cuestionó la coherencia de sus aliados opositores.

El rechazo en particular reunió a un abanico heterogéneo que incluyó al PRO, libertarios y monobloques. Oscar Agost Carreño y Agustín Spaccesi advirtieron que la redacción podría derivar en “juicios millonarios” contra la Provincia, mientras que Nostrala alertó sobre un “cheque en blanco” para expropiaciones y manejo de fondos.

La defensa oficialista estuvo a cargo de Matías Chamorro, quien planteó que la norma busca fortalecer la articulación entre Provincia, municipios y sector privado para abordar el déficit habitacional. El argumento central: dotar al Estado de herramientas concretas para garantizar acceso a la tierra y la vivienda en un contexto de creciente demanda.

En el cierre, Torres sintetizó la postura del oficialismo al definir la ley como una herramienta de gestión territorial con impacto directo en los gobiernos locales.

Mayoría propia y oposición en tensión

El resultado final dejó una conclusión política clara: el oficialismo no solo conserva su capacidad de construir mayorías, sino que además encuentra en la fragmentación opositora un aliado indirecto. Las ausencias, las contradicciones en las votaciones y la falta de una estrategia unificada debilitaron el intento de frenar iniciativas clave.

El debate, sin embargo, dejó planteado un conflicto de fondo. Para el peronismo, se trata de una reingeniería del Estado necesaria para sostener la gestión en tiempos de restricción económica. Para la oposición, en cambio, implica una concentración de poder con escasos controles y un fuerte sesgo político de cara al próximo turno electoral.

En ese equilibrio inestable, el oficialismo avanza. Y la oposición, al menos por ahora, no logra ordenar una respuesta eficaz.