La Legislatura de Córdoba se encamina a una sesión de alto voltaje político este miércoles, con el oficialismo decidido a aprobar dos proyectos centrales para la gestión del gobernador Martín Llaryora: la ratificación de la nueva estructura orgánica del Ejecutivo y la denominada “ley de loteos”. Ambas iniciativas llegan al recinto con respaldo asegurado por parte de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), pero también con un frente opositor que anticipa cuestionamientos de fondo, tanto en términos políticos como jurídicos.

La bancada peronista avanzó en comisión con los despachos de mayoría que habilitan el tratamiento. Por un lado, se busca validar los decretos que rediseñaron la arquitectura del Ejecutivo provincial, con cambios en ministerios, agencias y segundas líneas. Por otro, se impulsa un esquema de acceso a la tierra mediante la declaración de utilidad pública de inmuebles susceptibles de expropiación para loteos sociales.

Reconfiguración del Estado: austeridad en discusión

La reingeniería institucional fue puesta en marcha por Llaryora a fines de 2025 y tuvo como uno de sus movimientos más visibles la incorporación de Miguel Siciliano al frente del nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional. En paralelo, el Ejecutivo avanzó en la reducción de agencias, la eliminación de dos ministerios (Ambiente y Desarrollo Humano) —reconvertidos en secretarías con rango ministerial— y el ingreso de intendentes peronistas en áreas clave, como Marcos Torres en Desarrollo Social.

El esquema final quedó conformado por 12 ministerios y cinco agencias. Desde el oficialismo sostienen que se trata de un recorte del 30% en la estructura administrativa, bajo criterios de “austeridad” y eficiencia. Sin embargo, la oposición rechaza esa lectura y denuncia que no hubo una reducción real del Estado.

Desde el Frente Cívico, Walter Nostrala fue tajante: “Dice que achica ministerios, pero los convierte en secretarías con rango de ministros. Es lo mismo”. En la misma línea, la radical Alejandra Ferrero cuestionó lo que definió como una “reducción ficticia” y advirtió que el proyecto implica una “legitimación retroactiva” de decisiones ya ejecutadas sin control legislativo.

Las críticas también apuntan a la falta de información presupuestaria detallada. Según la oposición, el Ejecutivo no precisó el impacto fiscal de los cambios ni la cantidad de cargos eliminados, lo que —afirman— habilita márgenes discrecionales en la administración de recursos.

Desde el PJ relativizan los cuestionamientos y anticipan una defensa cerrada. Consideran que la ratificación legislativa es un paso formal necesario para consolidar el rediseño institucional y garantizar la ejecución del plan de gobierno.

“Ley de loteos”: objeciones jurídicas y advertencias por costos futuros

El segundo eje del debate será el proyecto de loteos sociales, que busca ampliar el acceso a la tierra mediante expropiaciones y la habilitación de obras de infraestructura en coordinación con municipios y comunas.

Aquí, las críticas opositoras se concentran en dos frentes: el procedimiento legislativo y el contenido técnico de la norma.

Desde el juecismo volvieron a cuestionar el tratamiento exprés en comisión. Nostrala denunció que el proyecto fue despachado sin un análisis adecuado y calificó el proceso como “vergonzoso”, apuntando a un uso “prepotente” de la mayoría oficialista.

Por su parte, el PRO, a través de Oscar Agost Carreño, presentó un despacho de minoría con objeciones más estructurales. El dirigente advirtió que la iniciativa “expone a la Provincia al riesgo de enfrentar juicios millonarios por errores jurídicos graves y evitables”. Aunque respaldó el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, cuestionó la falta de planificación en materia de servicios e infraestructura, lo que —según planteó— podría derivar en nuevos focos de urbanización precaria en el Gran Córdoba.

Además, desde distintos sectores opositores deslizan que el proyecto podría tener una intencionalidad electoral, en el marco de la proyección hacia 2027.

Defensa oficialista y foco en la demanda territorial

El oficialismo salió al cruce de las críticas. El legislador Matías Chamorro defendió la iniciativa al asegurar que respeta las competencias municipales en materia de planificación urbana y poder de policía. También sostuvo que el proyecto responde a una demanda concreta de intendentes ante la retracción del Estado nacional en políticas de hábitat.

Según Chamorro, la ley permitirá abordar problemas estructurales como el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios básicos, además de generar impacto en el empleo y las economías locales.

Un debate sin margen para sorpresas

Con posiciones endurecidas y números definidos, el oficialismo se encamina a una aprobación sin sobresaltos. Sin embargo, el debate promete exponer dos miradas contrapuestas: una gestión que busca consolidar su esquema de poder y proyectarse a mediano plazo, y una oposición que, sin capacidad de bloqueo, apunta a instalar cuestionamientos sobre transparencia, legalidad y uso de recursos públicos.

En ese marco, la sesión no solo pondrá en discusión dos leyes clave, sino también el modelo de administración que el llaryorismo pretende consolidar en Córdoba.