El calendario político y la lógica de gestión que suele aplicar el gobernador Martín Llaryora entran en tensión con un contexto económico cada vez más restrictivo. Según repiten en su entorno, el mandatario cordobés suele estructurar sus administraciones con un patrón claro: el primer año se ajusta, el segundo se ordena, el tercero se expande el gasto y el cuarto se capitalizan políticamente los resultados.

Bajo esa lógica, 2026 debería ser el año de mayor impulso fiscal de la gestión provincial. Es el momento en que se consolidan obras, programas y políticas destinadas a fortalecer el clima político de cara al siguiente ciclo electoral. Sin embargo, la realidad fiscal parece ir en dirección contraria.

Un contexto fiscal adverso

El deterioro de las cuentas públicas no es exclusivo de Córdoba, pero golpea con fuerza a las provincias en general. Durante 2025 los ingresos comenzaron a resentirse y en los primeros meses de 2026 la tendencia se profundizó.

El propio Llaryora lo admitió recientemente durante una gira por Estados Unidos. Allí reconoció que el Gobierno provincial podría verse obligado a reducir el ritmo de obra pública ante la caída sostenida de la recaudación.

“Hace ocho meses que caen los ingresos. Vamos a tener que ralentizar obras para poder sostener la paz social”, señaló el mandatario en diálogo con la periodista Florencia Ripoll.

Los números respaldan esa preocupación. La recaudación nacional registró caídas reales en ocho de los últimos doce meses. Desde agosto del año pasado los indicadores se mantienen en terreno negativo y la tendencia se profundizó en 2026: en enero la baja fue del 7,9% interanual y en febrero alcanzó el 9,6%.

Para Bautista Santamarina, economista de la consultora Empiria, dirigida por el exministro Hernán Lacunza, el fenómeno responde a un cambio en la dinámica fiscal del país.

“Desde que asumió el Gobierno nacional, la política fiscal fue el ancla. En 2024 se realizó un fuerte ajuste y las provincias siguieron una línea similar, porque enfrentaron menos ingresos propios y la desaparición de transferencias discrecionales. Aun así, lograron mostrar superávit primario”, explica.

Pero la dinámica cambió rápidamente.

“En 2025 se vio lo contrario: la Nación mantuvo la disciplina fiscal, mientras que las provincias expandieron el gasto”, agrega.

El efecto electoral en las provincias

Un análisis difundido por Lacunza en la red social X mostró que en 2025 prácticamente todas las provincias incrementaron su gasto en términos reales respecto de 2024. La única jurisdicción que lo redujo fue la Nación, con una caída del 1%.

Entre las provincias que más expandieron el gasto aparecen Formosa (33%), Neuquén (28%) y Tucumán (28%). En el otro extremo, Misiones se mantuvo estable y Córdoba registró un aumento intermedio del 16%.

“Año electoral igual a desajuste provincial”, sintetizó Lacunza.

El comportamiento responde, en parte, al calendario político. Según Santamarina, en 2025 los ingresos provinciales crecieron —tanto por recursos automáticos como discrecionales—, pero el gasto avanzó a un ritmo mayor.

Para Osvaldo Giordano, exministro de Finanzas de Córdoba y actual titular del Ieral de la Fundación Mediterránea, existe además un factor inflacionario detrás del fenómeno.

“En 2024 los salarios se licuaron con la alta inflación y en 2025, con una inflación menor, se recuperaron los ingresos del sector público”, explicó.

Una mirada similar plantea Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco.

“La coparticipación terminó 2025 prácticamente sin variación real, pero el gasto creció mucho por el calendario electoral y por la recomposición salarial”, señaló.

El superávit provincial en retroceso

El resultado fiscal consolidado de las provincias muestra un deterioro progresivo. En 2024 el superávit representó aproximadamente 0,4% del PBI. Para 2025, en cambio, las estimaciones indican un equilibrio cercano a cero o incluso un leve déficit.

Durante varios años la ecuación fiscal argentina se resumía en una frase: “Nación pobre, provincias ricas”. Las provincias acumulaban superávit primario mientras el Estado nacional operaba con déficit estructural.

Esa relación parece haberse invertido.

“Ahora los números dan al revés. Las provincias tuvieron más recursos propios y algo más de transferencias, pero el aumento del gasto absorbió todo”, advierte Santamarina.

La foto de Córdoba

Dentro de ese panorama, Córdoba exhibe indicadores mixtos. Hasta el tercer trimestre de 2025, la provincia registraba:

• un aumento del 11% en ingresos propios
• crecimiento nulo en transferencias nacionales
• incremento del 19% en el gasto corriente
• suba del 13% en gasto en personal
• caída del 3% en inversión en obra pública

El resultado primario provincial también refleja el deterioro. Mientras en 2024 el ahorro fiscal equivalía al 1% del Producto Bruto Geográfico, para septiembre de 2025 ese margen se había reducido a apenas 0,1%.

El desafío inmediato: 2026

El panorama para este año aparece todavía más complejo. La caída de la actividad económica impacta directamente en la recaudación y genera efectos colaterales sobre empleo, consumo y conflictividad social.

Según datos de Politikon, Córdoba registró en enero y febrero ingresos reales 8,1% inferiores a los del mismo período de 2025.

“Los ingresos de 2026 han sido desastrosos y proyectan un primer semestre con fuertes restricciones fiscales”, advierte Pegoraro.

Pese a ese escenario, desde la Casa de Gobierno provincial se intenta sostener cierto margen de maniobra. El Ejecutivo creó una mesa de control del gasto para monitorear de cerca la evolución de los ingresos y las transferencias nacionales.

Entre los factores que podrían aliviar la presión fiscal aparece el aumento en los envíos de la Anses para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, que pasarían de cinco mil millones a diez mil millones de pesos mensuales.

Sin embargo, incluso duplicados, esos fondos apenas cubrirían un tercio del déficit previsional.

Deuda, obra pública y tensiones internas

Otro componente clave es el financiamiento externo. Llaryora apuesta a que el crédito obtenido recientemente —800 millones de dólares más otros 250 millones gestionados ante el Banco Mundial— permita sostener parte del programa de obra pública.

Al mismo tiempo, el Gobierno provincial enfrenta presiones salariales crecientes. Los empleados públicos reclaman recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años, mientras los jubilados cuestionan el aumento de aportes personales destinado a sostener el sistema previsional.

En ese contexto, el gobernador enfrenta un dilema político y económico.

El tercer año de gestión suele ser el momento en que se acelera el gasto para consolidar poder territorial y preparar el terreno electoral. Pero esta vez las condiciones macroeconómicas empujan en sentido contrario.

La paradoja es evidente: el año en que la lógica política indica expandir el gasto coincide con el momento en que las cuentas públicas sugieren lo contrario. Para Llaryora, la llamada “encerrona del tercer año” puede convertirse en una de las pruebas más complejas de su gestión.