Como legislador provincial del Bloque de la UCR he presentado un Pedido de Informes dirigido al titular de la Agencia Córdoba Turismo para que detalle, de manera precisa y documentada, los gastos en publicidad ejecutados desde el año 2023 hasta la fecha. No se trata de una curiosidad administrativa. Se trata de transparencia. Se trata de prioridades. Se trata del uso de los recursos públicos en una provincia donde miles de trabajadores estatales no llegan a fin de mes.

El pedido es claro: solicitamos que se informen los montos presupuestados y ejecutados en publicidad en 2023, 2024, 2025 y lo previsto para 2026; que se adjunten los contratos celebrados; que se identifiquen las empresas contratadas; que se detallen los montos abonados por todo concepto; que se informe el sistema de contratación utilizado y quiénes son los responsables internos de esas decisiones dentro de la Agencia. Todo ello en cumplimiento del artículo 102 de la Constitución Provincial y de las normas de transparencia vigentes.

Los montos que maneja la Agencia Córdoba Turismo en concepto de pauta oficial son, cuanto menos, exorbitantes. Y cuando hablamos de cifras millonarias en publicidad, en una provincia donde el propio gobierno reconoce restricciones presupuestarias, la pregunta es inevitable: ¿es esta la prioridad?

El gobernador Martín Llaryora sostiene que “no hay plata”. Sin embargo, los jubilados provinciales cobran haberes que en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza. Los docentes reclaman recomposición salarial. Los policías y médicos advierten sobre el deterioro del poder adquisitivo. El discurso oficial es el de la escasez, pero la práctica parece ser la del gasto sin límites en áreas que merecen control riguroso.

No estoy cuestionando la promoción turística como política pública. Córdoba es una provincia con enorme potencial y el turismo es una actividad estratégica. Lo que cuestiono es la falta de transparencia, la magnitud del gasto y la ausencia de información clara sobre cómo, cuánto y con quién se contrata.

Durante años, la falta de control externo y la opacidad en la administración de los fondos públicos han convertido a las cuentas provinciales en un espacio difícil de auditar. La Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado establece herramientas para la transparencia, pero en la práctica acceder a información precisa suele convertirse en un camino burocrático y lleno de obstáculos.

Cuando el Estado destina cifras millonarias a publicidad mientras miles de trabajadores públicos sobreviven con salarios de pobreza, la discusión deja de ser técnica y se vuelve moral. Gobernar es establecer prioridades. Y hoy la prioridad no puede ser la pauta, sino los jubilados, los maestros, los policías y los médicos que sostienen el funcionamiento cotidiano de la provincia.

Por eso insisto: Gobernador, basta de gastar mal.
Es urgente redireccionar el gasto público hacia donde realmente se necesita. La transparencia no es un favor que el Ejecutivo concede; es una obligación republicana. Y el control no es una agresión política; es una responsabilidad institucional.

Los cordobeses merecen saber cómo se administran sus recursos. Y como representante de la oposición, no voy a dejar de exigir respuestas claras, documentación completa y rendición de cuentas sobre cada peso que se gasta.