Respaldo a los legales y exigencia de control estatal

En medio de la discusión por el futuro del sistema de estacionamiento en la ciudad, la concejal Fabiana Gutiérrez volvió a posicionarse en un tema sensible: el rol de los “naranjitas” en Córdoba. Tras reunirse con presidentes de distintas cooperativas de cuidacoches, la edil dejó en claro que respalda a quienes están organizados y registrados, pero marcó distancia con la informalidad. Su eje es contundente: el Estado debe controlar, ordenar y garantizar reglas claras.

“Hoy me reuní con los presidentes de distintas cooperativas de cuidacoches, los ‘naranjitas’, que se acercaron a expresar su preocupación frente a las nuevas propuestas de estacionamiento y a defender sus fuentes laborales”, expresó Gutiérrez luego del encuentro. Según relató, los trabajadores le plantearon que “no son ilegales”, sino que se trata de personas organizadas que necesitan “decisiones responsables” para no perder su sustento.

Legalidad sí, descontrol no

El posicionamiento de la concejal no es ambiguo: distingue entre quienes integran cooperativas y buscan encuadre normativo, y quienes ejercen la actividad por fuera de cualquier regulación. En ese punto, su postura combina respaldo laboral con una visión fuertemente estatista.

Desde la oposición, sostuvo, “no se pueden impulsar cambios sin diálogo ni consenso”. Y agregó una definición política de fondo: “Escuchar todas las voces es una obligación si queremos un diagnóstico real y soluciones que no perjudiquen a los trabajadores ni a los vecinos”.

En otras palabras, Gutiérrez no rechaza la modernización del sistema de estacionamiento, pero advierte que cualquier modificación debe contemplar el impacto social. Para la edil, la salida no es la eliminación abrupta de los cuidacoches organizados, sino su integración dentro de un esquema regulado, con control municipal efectivo.

El trasfondo del conflicto

La discusión no es menor. El debate sobre los “naranjitas” atraviesa desde hace años a la ciudad: denuncias de vecinos por cobros indebidos, reclamos por falta de control y, al mismo tiempo, la realidad de cientos de trabajadores que encuentran en esa actividad su única fuente de ingresos.

En este contexto, la concejal apuesta a un modelo donde el Estado tenga un rol central: habilitaciones claras, fiscalización constante y diferenciación tajante entre trabajadores registrados y quienes actúan por fuera de la ley. El mensaje político es claro: regulación fuerte antes que laissez-faire.

Sin embargo, la propuesta abre interrogantes. ¿Está el Municipio en condiciones de ejercer un control efectivo? ¿Existe un padrón actualizado y mecanismos reales de fiscalización? ¿Cómo se evitará que la informalidad continúe operando en paralelo?

Un debate que recién comienza

“Vamos a seguir dando este debate con firmeza y responsabilidad”, afirmó Gutiérrez. La frase anticipa que el tema será eje de discusión en el Concejo y probablemente en la calle.

El desafío será encontrar un equilibrio entre orden urbano, seguridad para los vecinos y preservación de puestos de trabajo. La postura de la concejal se inscribe en una línea que privilegia la intervención estatal como herramienta de organización social.

En una Córdoba donde el estacionamiento es un problema cotidiano y el reclamo ciudadano crece, la discusión sobre los “naranjitas” vuelve a escena. Y esta vez, con un planteo que no busca eliminar, sino regular y controlar.