Como legislador de la oposición en Córdoba, no puedo mirar para otro lado frente a la realidad social que atraviesan miles de familias cordobesas. Por eso ingresé un proyecto solicitando formalmente al gobernador Martín Llaryora que extienda el reciente “Plan Alivio” —anunciado para las fuerzas de seguridad provinciales— a todos los empleados públicos, jubilados y pensionados de la provincia.

El llamado “plan de alivio financiero”, impulsado a través del Banco de Córdoba, permite refinanciar deudas en hasta 60 cuotas manteniendo la misma tasa de interés. Es una medida que, aunque positiva, nace limitada, segmentada y profundamente injusta en un contexto donde la crisis económica no distingue uniformes, funciones ni cargos, sino que golpea de lleno a toda la sociedad.

La realidad es clara y cruda: la morosidad en Córdoba es alarmante, especialmente entre trabajadores estatales y jubilados que cobran salarios y haberes que en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza y, en algunos casos, de indigencia. No lo digo desde la tribuna política: lo dicen los propios datos sociales, que muestran familias endeudadas para llegar a fin de mes, trabajadores recurriendo a préstamos personales para cubrir necesidades básicas y jubilados atrapados en una espiral de créditos que nunca termina.

Córdoba, además, es una de las provincias con mayor presión tributaria del país, lo que encarece el costo de vida y achica aún más el salario real. Impuestos altos, servicios caros, transporte costoso y una política fiscal que nunca afloja terminan empujando a miles de personas al endeudamiento estructural. En ese contexto, ofrecer alivio financiero solo a un sector específico no es una política de justicia social: es una decisión discrecional, que fragmenta y profundiza desigualdades dentro del propio Estado.

Mi proyecto es claro: el alivio debe ser universal, solidario y equitativo. Si el Estado reconoce que existe un problema de endeudamiento estructural, entonces la respuesta no puede ser selectiva. El plan debe alcanzar a todos los empleados públicos, jubilados y pensionados provinciales, porque todos padecen la misma crisis económica, la misma presión tributaria y el mismo deterioro del poder adquisitivo.

No se trata solo de números, se trata de dignidad. De trabajadores que sostienen el funcionamiento del Estado y de jubilados que ya dieron toda una vida de trabajo y hoy no pueden vivir con tranquilidad. No es razonable que mientras se habla de alivio financiero, miles de familias sigan atrapadas en deudas impagables sin ninguna herramienta real de contención.

La política no puede seguir administrando parches ni soluciones parciales. Si de verdad se quiere hablar de justicia social y de sensibilidad frente a la crisis, entonces hay que ampliar el Plan Alivio y transformarlo en una política pública inclusiva, no en un beneficio limitado.

Como legislador, voy a seguir insistiendo en esto: no hay alivio real si no es para todos. Porque la crisis no discrimina, la pobreza no discrimina y el endeudamiento no discrimina. Y el Estado, si quiere estar a la altura de su responsabilidad, tampoco debería hacerlo.