Como legislador de la oposición en Córdoba, no puedo dejar de expresar mi profunda preocupación y rechazo frente a las declaraciones del gobernador Martín Llaryora, quien ha elegido el camino de la confrontación permanente en lugar del diálogo democrático, la construcción colectiva y la responsabilidad institucional que exige el cargo que ocupa.

En vez de gobernar para todos los cordobeses, el gobernador prefiere atacar a sus opositores, personalizar el debate político y convertir toda crítica en un enemigo. Esta lógica no solo empobrece la democracia, sino que también desvía el foco de lo verdaderamente importante: las necesidades reales de la ciudadanía. Córdoba no necesita un gobernador en guerra política permanente; necesita un gobernador que gestione, que escuche y que dé respuestas concretas.

Las promesas vacías, condicionadas siempre a la “disponibilidad de recursos”, ya no alcanzan. No alcanzan para los jubilados que pierden poder adquisitivo, para los trabajadores que ven achicarse sus salarios, para los hospitales que siguen colapsados ni para las escuelas que funcionan con enormes carencias estructurales. Gobernar no es anunciar, gobernar es resolver.

Uno de los ejemplos más graves de esta forma de ejercer el poder es la intención de utilizar gastos reservados para la compra de drones, sin transparencia, sin control y sin mecanismos institucionales claros. El manejo discrecional de fondos públicos constituye una práctica peligrosa, incompatible con cualquier estándar republicano. Ningún gobernador puede administrar recursos del Estado como si fueran propios, ni decidir unilateralmente sin rendir cuentas. Eso no es gestión: es abuso de poder.

Esta falta de transparencia no es un hecho aislado, sino una constante. La opacidad en el uso de los fondos públicos, la ausencia de información clara y la resistencia sistemática al control institucional han sido rasgos repetidos de esta gestión, generando dudas legítimas sobre la integridad y la honestidad del manejo del Estado provincial.

Es momento de que el gobernador asuma su responsabilidad política, ejerza autocrítica y reconozca que su gestión viene acumulando fracasos estructurales. La seguridad, la salud, la educación, la previsión social y la situación económica de la provincia no muestran mejoras reales, pese al relato oficial que intenta instalar una Córdoba que no se corresponde con la realidad cotidiana de miles de familias.

Córdoba necesita un giro urgente en la conducción política. Un cambio de rumbo que priorice las necesidades de la gente por sobre los intereses personales, el marketing político y la construcción de poder. Un gobierno que respete a la oposición, a las instituciones y a la ciudadanía que reclama, con razón, más transparencia, más control y más responsabilidad en el uso del dinero público.

La oposición no es su enemiga, señor gobernador.
La oposición está para controlar, para proponer, para señalar errores y para defender a los cordobeses frente a los abusos del poder. Está comprometida con el diálogo y la colaboración democrática, pero no va a permitir que se abuse de la confianza pública.

Porque fue el propio pueblo de Córdoba, con su voto soberano, quien otorgó a la oposición el control del Tribunal de Cuentas y de la Legislatura. Ese mensaje fue claro: más control, más equilibrio institucional y menos poder concentrado.

Ese mandato democrático no se negocia, no se silencia y no se entrega. Se ejerce.