El oficialismo nacional puso fecha: el próximo jueves, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Aunque la iniciativa llega al recinto con un texto más moderado que el borrador original de la Casa Rosada —que pretendía fijarla en 13—, el debate no se limita al contenido de la norma. La discusión quedó atrapada en una trama de negociaciones cruzadas, internas provinciales y acuerdos presupuestarios que revelan hasta qué punto el Congreso funciona hoy como una mesa de trueque político más que como un ámbito de deliberación institucional.

En el centro de esa trama aparece Córdoba y, en particular, la relación entre el gobernador Martín Llaryora y el exmandatario Juan Schiaretti, hoy debutando como diputado nacional. En el oficialismo libertario aseguran que los llaryoristas repiten que “están para acompañar” la ley Penal Juvenil, pero nadie se anima a garantizar el voto. La desconfianza no es casual: el miércoles, apenas un día antes del debate en Diputados, el Senado tratará la ley de reforma laboral, y allí se juegan intereses económicos sensibles para las provincias.

Según trascendió, Schiaretti rechaza la reducción del impuesto a las Ganancias como mecanismo de incentivo a la formalización del empleo, por el impacto directo que tendría en las finanzas provinciales, al tratarse de un tributo coparticipable. Esa posición expone una tensión concreta con la lógica fiscal del Gobierno nacional y proyecta su sombra sobre la negociación en Diputados. En el mundo libertario lo dicen sin eufemismos: temen que una interna entre Llaryora y Schiaretti termine condicionando el acompañamiento cordobés al proyecto penal juvenil.

Los votos cordobeses, entre señales y ambigüedades

En el esquema de apoyos, los nombres empiezan a ordenarse, pero no despejan la incertidumbre. El llaryorista Ignacio García Aresca estaría dispuesto a acompañar el proyecto y, según supo este medio, habría pedido al schiarettista Carlos Gutiérrez que voten en bloque. García Aresca integra la Comisión de Presupuesto, que se reunirá el miércoles: allí se verá si firma el dictamen del oficialismo.
Alejandra Torres, en tanto, ya confirmó su voto positivo. Integra la Comisión de Justicia, otra instancia clave para el dictamen final.

Desde el Gobierno provincial, el encargado de fijar posición fue el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, designado por Llaryora como vocero del tema. Si se cumple su línea discursiva, el cordobesismo debería acompañar una reforma que responde a la doctrina Bullrich, con fuerte impronta punitiva, pero que fue reformulada técnicamente por la diputada Laura Rodríguez Machado, referente del PRO en Córdoba. Incluso sectores progresistas que suelen confrontar con ella reconocen que el texto final es sustancialmente mejor que el proyecto original impulsado por Javier Milei, al que califican como “rústico” en términos jurídicos e institucionales.

El acuerdo presupuestario: la llave del acompañamiento

El punto de quiebre no es ideológico sino financiero. Rodríguez Machado logró cerrar un acuerdo presupuestario con las provincias, condición indispensable para destrabar apoyos. El esquema prevé convenios específicos entre Nación y provincias para financiar la implementación del nuevo régimen penal juvenil cuando los costos superen los presupuestos locales.

“El financiamiento de la implementación del Régimen Penal Juvenil surgirá de convenios firmados por Nación con las provincias”, afirmó el diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, tras una reunión con jefes de bloque y con Martín Menem, presidente de la Cámara. El mensaje es claro: sin plata, no hay ley; con plata, la resistencia política se diluye.

En los quinchos libertarios admiten que, por ahora, solo escucharon una frase: “estamos para acompañar”. No hay promesas cerradas. Y lanzan una advertencia: “Tenemos el número, va a ser peor para ellos no acompañar”. Después bajan el tono, más pragmáticos: “Sería bueno que también estén los cordobesistas”. No es un detalle menor: la foto política del acompañamiento provincial vale tanto como el resultado de la votación.

Provincias Unidas, socialistas y el factor Iglesia

En Provincias Unidas, los diputados que responden al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro votarían a favor. En cambio, hay dudas en la Coalición Cívica, atravesada por su vínculo histórico con la Iglesia Católica. Los socialistas presentarán un dictamen propio en el plenario de comisiones del miércoles, proponiendo medidas alternativas a la privación de la libertad para menores, marcando una línea claramente distinta al enfoque punitivo del oficialismo.

En ese escenario, aparece un nombre clave: Juan Brugge, diputado cordobés de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión de Legislación Penal. Su firma —o no— del dictamen será una señal política. La posición de la Iglesia cordobesa es explícita: rechazo total a la baja de la edad de imputabilidad. El cardenal Ángel Rossi tituló su última homilía “Educar antes que castigar”, un mensaje político sin ambigüedades.
Desde la Pastoral Social, que en el Panal leen como cercana a sectores opositores, ya anticipan movimientos para frenar la penalización de chicos y chicas de 14 y 15 años. Aunque algunos intenten matizar diferencias internas dentro de la Iglesia, el mensaje es uno solo: oposición frontal al enfoque punitivo.

Una ley atravesada por lógicas de poder

El proyecto de Régimen Penal Juvenil llega al recinto no como resultado de un consenso social amplio, sino como producto de una ingeniería política que mezcla doctrina de seguridad, acuerdos fiscales, internas provinciales y presiones institucionales. La baja de la edad de imputabilidad se discute menos en términos pedagógicos o sociales que como ficha de cambio en una negociación mayor: la reforma laboral, el equilibrio fiscal y la relación Nación–provincias.

En ese tablero, Córdoba vuelve a ocupar un lugar central. No por la cantidad de votos, sino por su peso simbólico y político. El debut de Schiaretti como diputado, la posición ambigua del llaryorismo y la influencia de la Iglesia convierten al bloque cordobés en un actor clave de una discusión que excede largamente la cuestión penal juvenil.

El oficialismo libertario cree tener los números. Pero sabe que el verdadero objetivo no es solo ganar la votación, sino ordenar políticamente el Congreso bajo una lógica de acompañamientos condicionados, acuerdos financieros y disciplinamiento institucional. La ley puede salir. La pregunta es a qué costo político y bajo qué modelo de construcción de poder.