La apertura del 148° período ordinario de sesiones de la Legislatura Unicameral, este domingo en Laboulaye, será algo más que el escenario institucional para el discurso del gobernador Martín Llaryora. El acto funcionará como una postal concentrada del clima político cordobés: un oficialismo que busca reforzar la gestión y una oposición que, aun fragmentada en lo formal, empieza a cerrar filas detrás de un discurso común de control, transparencia y cuestionamiento al Ejecutivo, con la mirada puesta en el rearmado rumbo a 2027.

El telón de fondo no podría ser más tenso. El conflicto entre el Gobierno provincial y el juecismo por el “bloqueo” del Tribunal de Cuentas a la compra de drones para la Policía escaló rápidamente del terreno administrativo al político y terminó judicializado. La denuncia presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, acusando al órgano de control de abuso de autoridad y de actuar como actor político, endureció posiciones y consolidó un frente opositor que hizo del rol de control su principal bandera.

Desde el oficialismo se denunció una “obstrucción política” que dejaría a Córdoba “indefensa frente al delito”. Del otro lado, la respuesta fue casi unificada: no se trata de frenar la gestión, sino de auditar una compra millonaria en un área tan sensible como la seguridad. Luis Juez eligió la confrontación directa y el golpe retórico: acusó al Gobierno de esconder un “negociado disfrazado de licitación” y resumió la polémica con una frase que rápidamente circuló en redes y pasillos legislativos: “El problema no son los drones, sino los La-Drones”.

Radicales, juecistas y libertarios: control, deuda y seguridad

La UCR que responde a Rodrigo de Loredo se alineó sin matices con el juecismo en la defensa del Tribunal de Cuentas y amplió el foco de críticas. A la política de seguridad sumó el cuestionamiento a la toma de deuda por 800 millones de dólares. “Prometen obra pública, pero saldrán a recomprar deuda que vence este año y en 2027 porque no hay con qué pagar”, advirtieron desde el bloque, marcando uno de los ejes que promete volver recurrente en el año legislativo.

Ese entramado opositor tendrá en Laboulaye una puesta en escena elocuente. Mientras Llaryora desembarcó con antelación para reforzar la agenda de gestión en el sur provincial, el senador Juez y el diputado nacional Gabriel Bornoroni se mostrarán juntos durante la jornada, en una señal explícita de fortalecimiento de la alianza entre el Frente Cívico y La Libertad Avanza en Córdoba. Antes del acto formal, Juez encabezará un encuentro con dirigentes y militantes en el Club Restaurante, al que se sumarán Bornoroni y referentes libertarios de la región, con el objetivo de aceitar la organización territorial.

Rodrigo de Loredo, invitado por el bloque radical, también ocupará su lugar en la asamblea. Tras el discurso, se reunirá con intendentes y legisladores de la UCR para reordenar la estructura propia. El mensaje es claro: primero consolidar el armado radical, luego discutir alianzas. Laboulaye exhibirá así dos fotos simultáneas: el oficialismo mostrando gestión y una oposición activa, con la sociedad Juez–Bornoroni por un lado y el radicalismo de De Loredo por otro. Si hay cruce, habrá saludo. La relación, admiten algunos, está “fría”, pero “no rota”.

Expectativas bajas y artillería verbal

Las expectativas opositoras frente al mensaje del gobernador son, en el mejor de los casos, moderadas. En el ala más dura, directamente pesimistas. El jefe del bloque UCR, Matías Gvozdenovich, fue directo: “Estos dos años de gobierno mantuvieron la misma tónica: desligarse del pasado y construir un relato como si fueran algo nuevo. Los cordobeses ya le picaron el boleto a esa estrategia y se siente, como nunca en estos 26 años, la necesidad de un cambio”.

Desde el juecismo, Walter Nostrala apeló a la ironía y al desgaste: “Que sea breve. Tercer discurso, anuncios rimbombantes que nunca pone en marcha, videos costosísimos, algunos gritos y reproches a la oposición. La gestión todavía no arrancó”, lanzó, y remató con una definición política: “Clara señal de ciclo terminado”.

El liberal Gregorio Hernández Maqueda sumó críticas desde la vereda mileísta: dijo no esperar más que “otro intento por conectar con la clase media y el sector privado”, sectores que —según afirmó— “ya le sacaron la ficha”. Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal, anticipó un discurso con “enumeración de actos de gobierno presentados como logros” y promesas pensadas en clave reelección. Desde la izquierda, Luciana Echevarría fue aún más dura: habló de un “relato plagado de mentiras” y cuestionó la sintonía del Gobierno provincial con las reformas impulsadas por la Nación.

El año legislativo, en clave electoral

Más allá del tono del discurso, lo que quedará claro este domingo es que 2026 se vive como un año de posicionamiento político. Los bloques opositores ya definieron prioridades: control del gasto, transparencia, seguridad, deuda, educación y salud. “No vamos a ser cómplices de ningún despilfarro ni de ningún hecho de corrupción”, prometió Nostrala. La UCR apuntará a lo que define como “fracaso estrepitoso” en seguridad y a acompañar a los sectores productivos. La izquierda anticipa confrontación tanto en el recinto como en la calle.

A las 16, en el Cine Teatro Sporting y bajo un riguroso control de ingresos, Llaryora abrirá formalmente el año legislativo, en una asamblea presidida por Myrian Prunotto y con los 70 legisladores presentes. El mensaje buscará ordenar la agenda del oficialismo. La oposición, en cambio, ya dejó en claro que el pulso político no se medirá solo por los anuncios, sino por la capacidad del Gobierno de aceptar —o resistir— el control en un escenario donde el 2027 empieza a asomar cada vez más cerca.