El conflicto por la reforma previsional en Córdoba entró en una nueva fase de tensión. En pleno verano, los gremios estatales profundizaron su ofensiva contra el gobierno de Martín Llaryora y trasladaron el reclamo al escenario nacional, exigiendo al presidente Javier Milei el envío de los fondos adeudados por la Anses a la Caja de Jubilaciones provincial. Con protestas en espacios de alta visibilidad pública, denuncias de “confiscación” y anuncios de acciones judiciales, el frente sindical busca mantener el tema en agenda mientras la oposición redobla las críticas y habla de un “ajuste encubierto”.

La pulseada se da en torno a la denominada Ley de Equidad Jubilatoria, impulsada por el Ejecutivo provincial, que los sindicatos rechazan de plano. Para el arco gremial, la norma implica un recorte encubierto sobre salarios y haberes previsionales, a través del aumento de aportes personales y modificaciones en el esquema de cálculo de las jubilaciones. El reclamo apunta en doble dirección: a la Provincia, por la reforma y el incremento de aportes a la Caja y al Apross; y a la Casa Rosada, por la deuda previsional que Nación mantiene con Córdoba.

Protestas de verano y presión política

Lejos de bajar el tono por el receso estival, los gremios eligieron una estrategia de alto impacto. Tras manifestarse en el peaje de Carlos Paz y en accesos clave del corredor norte, llevaron el reclamo a Jesús María, en el marco del Festival Nacional de Doma y Folklore, y anticiparon que repetirán la modalidad en Cosquín y Villa María. La consigna es clara: aprovechar eventos masivos para visibilizar el conflicto.

La visita de Javier Milei al festival fue precedida por una protesta que los organizadores definieron como “sorpresiva, pacífica y sin corte de ruta”. La encabezaron referentes de peso del sindicalismo estatal, como Rubén Daniele (Suoem), Federico Cortelletti (Judiciales) y Roberto Cristalli (UEPC), quienes volvieron a poner en el centro de la escena el reclamo por la deuda previsional de Nación.

“Exigimos al Presidente que envíe los fondos que le corresponden a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, porque eso ayudaría a mitigar el impacto de esta reforma jubilatoria”, sostuvo Cristalli, quien también reclamó al gobernador que derogue la ley. Desde los gremios aclaran que la presión sobre Milei no implica una alianza con el oficialismo provincial: “La deuda es con los aportantes y el Gobierno de Córdoba también es responsable del desfinanciamiento de la Caja”, remarcan.

Denuncias, judicialización y clima de confrontación

Los ánimos se tensaron aún más tras la denuncia penal presentada por Caminos de las Sierras, que los sindicatos interpretaron como un intento de disciplinamiento. En respuesta, denunciaron “criminalización de la protesta” y reafirmaron que no darán marcha atrás con el plan de lucha.

En ese marco, los 24 gremios anunciaron que avanzarán con un amparo colectivo apenas finalice la feria judicial. En paralelo, los equipos jurídicos evalúan las figuras legales para formalizar un reclamo contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de forzar el pago de la deuda previsional.

El embate opositor

El conflicto reactivó con fuerza al frente opositor en la Legislatura. Desde distintos bloques cuestionaron el discurso oficial de la “equidad” y coincidieron en denunciar que la reforma consolida un ajuste sobre jubilados y trabajadores. “No es equidad, es un ajuste encubierto”, fue la consigna que unificó las críticas.

La legisladora radical Alejandra Ferrero habló de una “confiscación tremenda del poder adquisitivo” que, según señaló, ya se refleja en los recibos de sueldo. “Llaryora volvió a demostrar que la variable de ajuste son los jubilados y los trabajadores, mientras el Gobierno no reduce ningún gasto propio”, afirmó, y respaldó la continuidad del reclamo gremial.

Desde el Frente Cívico, Nancy Almada apuntó contra lo que definió como una contradicción central del oficialismo: ajuste previsional con una “estructura ministerial elefantiásica y un gasto publicitario obsceno”. La juecista recordó que, en casi tres décadas, el mismo signo político sancionó varias leyes que impactaron negativamente en el sistema previsional y rechazó que se busquen responsabilidades fuera de la Provincia.

En la misma línea, el vecinalista Gerardo Grosso sostuvo que la emergencia previsional “es el resultado del fracaso del propio Gobierno”. “La Caja está en terapia intensiva y le hacen cirugía estética”, graficó, y reclamó previsibilidad y seguridad jurídica, además de explicaciones sobre la cantidad de empleados estatales que no aportan al sistema.

La defensa oficialista

Pese a la escalada del conflicto, el PJ cordobés mantiene sin cambios su defensa de la ley. El oficialismo insiste en que el criterio central es redistributivo: “quienes más ganan, más aportan”, con alícuotas que van del 2% al 8% y la eliminación del Aporte Solidario para los haberes más bajos. También destaca la implementación de un adicional mensual no remunerativo para compensar parcialmente las deducciones.

Con encuestas en mano, el Gobierno provincial asegura que la medida cuenta con un alto nivel de aceptación entre quienes perciben la jubilación mínima. Según un sondeo difundido por el Panal, el 80% de los beneficiarios que cobran el haber mínimo y el bono extraordinario aprobó la reforma tras el pago de diciembre.

Un conflicto abierto en año preelectoral

Mientras el Ejecutivo se muestra confiado en esos números, los gremios sostienen la ofensiva con protestas sorpresivas y un calendario de acciones que promete extenderse. Con la oposición alineada en el cuestionamiento y la presión trasladada tanto al Centro Cívico como a la Casa Rosada, la reforma previsional se consolida como uno de los ejes de mayor desgaste político para el gobierno de Llaryora en un año preelectoral, con final abierto y alto voltaje social.