Ingresé a la Legislatura Provincial un Pedido de Informes dirigido al Ministerio de Educación para que explique, con total claridad, la contratación de servicios de seguridad privada en las escuelas estatales de Córdoba. La pregunta es simple, pero profunda: ¿por qué el Gobierno provincial destina miles de millones de pesos a empresas privadas mientras deja a 175 docentes sin trabajo?

Según la información que hemos podido relevar, solo a una empresa, M3 S.R.L., el Estado provincial le abonó más de 4.000 millones de pesos durante el año 2025 en concepto de vigilancia privada en establecimientos educativos. Se trata de una cifra exorbitante que obliga a preguntarnos cuáles son las verdaderas prioridades de la gestión de Martín Llaryora en materia educativa.

Resulta inconcebible que, contando la Provincia con una Policía propia, con guardias urbanas y con autoridades escolares responsables de cada institución, se decida además tercerizar la seguridad a costos millonarios. ¿Tan ineficiente es el sistema de seguridad pública que necesita ser reemplazado por empresas privadas? ¿O estamos frente a otra decisión discrecional que multiplica el gasto sin control ni planificación?

Mientras tanto, en enero de este año, el mismo Ministerio de Educación dejó sin su fuente laboral a 175 docentes. Docentes que estaban frente a cursos, sosteniendo la educación pública, y que hoy se encuentran en la calle. La contradicción es brutal: hay recursos para contratos millonarios, pero no para sostener cargos docentes. Hay dinero para empresas privadas, pero no para garantizar el derecho a la educación con maestros en las aulas.

Por eso solicitamos que se informe cuántas empresas prestan este servicio, bajo qué modalidad contractual fueron contratadas, qué montos se abonan desde 2023 a la fecha, qué antecedentes tienen, cómo funciona el sistema de vigilancia y en qué escuelas se aplica, discriminado por departamento. También pedimos conocer cuántas denuncias efectivas realizaron estas empresas y qué resultados tuvieron. La transparencia no es una opción: es una obligación.

Además, en tiempos donde la tecnología permite sistemas de monitoreo remoto, cámaras inteligentes y conexiones directas con las fuerzas de seguridad, resulta todavía más difícil justificar este gasto desmedido. El problema no parece ser la falta de herramientas, sino la mala administración de los recursos públicos.

Este Gobierno habla de educación como prioridad, pero los hechos demuestran lo contrario. La educación no se defiende con discursos, se defiende con decisiones coherentes: sosteniendo a los docentes, invirtiendo en infraestructura y administrando con responsabilidad cada peso de los cordobeses.

Hoy las prioridades están invertidas. Y cuando eso ocurre, no solo se malgasta dinero público: se daña el presente y el futuro de la educación en Córdoba.