En una de las sesiones más extensas y densas del año político cordobés, la Legislatura provincial aprobó durante la madrugada un paquete clave para la administración de Martín Llaryora: la declaración de emergencia de la Caja de Jubilaciones por cinco años, una suba de aportes previsionales con un esquema de compensación que promete sostener el 82% móvil para los haberes más bajos, y la sanción del Presupuesto y las leyes impositivas para el ejercicio 2026. El combo se completó con la aprobación del pliego de Carlos Rubén Lezcano como próximo Fiscal General de la Provincia.

El debate se extendió por más de diez horas y estuvo atravesado por tensiones previsibles: el delicado estado de las cuentas previsionales, el reclamo por fondos nacionales que no llegan y la discusión sobre el margen real que tendrá el Ejecutivo para administrar una emergencia que, por su duración y alcances, amplía de manera significativa su poder de decisión.

Emergencia previsional y nuevo esquema de aportes

La sesión fue presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el presidente provisorio Juan Manuel Llamosas. Pasada la medianoche, el oficialismo logró aprobar el expediente con los votos del PJ y el acompañamiento de legisladores aliados, entre ellos Karina Bruno y Graciela Bisotto, tras aceptar modificaciones sugeridas por bloques opositores.

El artículo 1 de la ley declara la “emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial” por el término de cinco años, con la posibilidad de una prórroga automática por igual período, salvo que el Ejecutivo disponga su cese anticipado. La amplitud temporal de la emergencia no pasó inadvertida en el recinto y fue uno de los puntos más cuestionados por la oposición, que advirtió sobre el riesgo de “normalizar la excepcionalidad”.

Entre las medidas centrales, la normativa suspende la aplicación del Fondo Solidario para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones mientras dure la emergencia y faculta al Ejecutivo a adecuar las alícuotas de aportes personales “en un porcentaje de hasta un ocho por ciento” sobre las existentes. Se trata de una herramienta clave para intentar cerrar el rojo estructural de la Caja, aunque con impacto directo sobre los salarios de los activos.

Como contrapeso político y social, la ley incorpora el pago de un adicional mensual no remunerativo para jubilados provinciales con haberes inferiores a $1.300.000. Ese complemento apunta a compensar la deducción del aporte personal y garantizar un ingreso equivalente al 82% del haber, de acuerdo con escalas y criterios que deberá definir la reglamentación. El detalle no es menor: buena parte del impacto real de la reforma quedará atado a decisiones administrativas futuras.

Otra novedad significativa es la facultad otorgada al Ejecutivo para transferir la administración de subsistemas previsionales a las entidades gremiales que así lo soliciten, una cláusula que abre interrogantes sobre la fragmentación del sistema y el rol que asumirán los sindicatos en la gestión de fondos sensibles.

En paralelo, la Legislatura instruyó a los senadores y diputados nacionales por Córdoba a impulsar en el Congreso la incorporación de las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 27 de la ley 27.660, es decir, para que la Nación envíe los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones. Un reclamo recurrente del Panal que vuelve a poner en evidencia la tensión fiscal entre Córdoba y el Gobierno nacional.

Presupuesto 2026: equilibrio fino y superávit proyectado

En el mismo tramo final de la madrugada, y en su 23ª sesión ordinaria del 147° período legislativo, la Unicameral aprobó el paquete económico remitido por el Ejecutivo para 2026. Se convirtieron en ley el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, la Ley Impositiva Anual y una extensa reforma del Código Tributario y de normativas conexas.

El Presupuesto 2026 prevé ingresos por $11,88 billones, un 18% más que el cierre estimado de 2025, lo que implica —según los números oficiales— un crecimiento real del 3,76%. El gasto total ascendería a $11,44 billones, con una suba del 14,4% interanual y una variación real cercana al 0,4%.

De cumplirse esas proyecciones, la Provincia cerraría 2026 con un superávit de $439.905 millones, equivalente al 3,7% del total de recursos. Un resultado que el oficialismo exhibe como señal de orden fiscal, aunque atado a supuestos macroeconómicos que generan cautela incluso entre aliados.

Junto al Presupuesto se aprobaron la Ley Impositiva 2026 —con la ratificación de varios decretos ya vigentes— y una reforma amplia del Código Tributario que, entre otros puntos, crea programas de promoción industrial, de desarrollo de la salud y de residencias universitarias, además de extender beneficios fiscales y derogar artículos de normativas anteriores.

Avales judiciales y cierre de sesión

Antes de bajar el telón, la Legislatura también dio aval al pliego de Carlos Rubén Lezcano como próximo Fiscal General de la Provincia. Actual juez de Control N° 5, Lezcano asumirá en marzo de 2026 en reemplazo de Juan Manuel Delgado. Abogado egresado de la UNC, con paso por la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y más de veinte años en la magistratura, su designación no estuvo exenta de ruido político, aunque terminó siendo aprobada sin sobresaltos mayores.

Además, el pleno prestó conformidad para el nombramiento de seis nuevos fiscales de instrucción en el Centro Judicial Capital, completando así un cierre de sesión cargado de decisiones estructurales.

Con la madrugada como testigo, el oficialismo se llevó una victoria legislativa clave. Queda por verse si la combinación de emergencia previsional, ajustes graduales y promesas de compensación alcanzará para desactivar el conflicto social latente y sostener el delicado equilibrio fiscal que el Gobierno provincial se propone mostrar de cara a 2026.