En un nuevo episodio de aceleración legislativa que ya se volvió rutina, el oficialismo provincial intentó otra vez avanzar entre gallos y medianoche con la creación de la Procuración Penitenciaria, un organismo que —lejos de responder a estándares modernos de control carcelario— aparece diseñado para blindar privilegios políticos bajo la apariencia de institucionalidad.

La iniciativa prevé cargos vitalicios, sueldos en la cima del escalafón judicial y la posibilidad de acceder a jubilaciones de privilegio en un momento en que la propia Caja de Jubilaciones está intervenida y en emergencia. En un contexto de ajuste y salarios estatales rezagados, la jugada expone una desconexión cada vez más evidente entre la dirigencia gobernante y la realidad económica de los cordobeses.

Una ley hecha a la medida del poder

Desde la UCR salieron a cuestionar de lleno el proyecto, denunciando que el Gobierno provincial pretende erigirse en juez y parte sobre un área extremadamente sensible: el control de las cárceles. El oficialismo busca conformar una institución que, según los críticos, no solo omitió cumplir con los estándares nacionales e internacionales recomendados para estos organismos, sino que además pretende integrar sus cargos a dedo, sin concursos públicos ni audiencias abiertas.

El oficialismo, otra vez, elige el atajo institucional: avanzar sin debate, sin escuchar objeciones y sin mostrar voluntad de corregir los puntos más controvertidos.

Sin diálogo, sin consensos y con rechazos contundentes

El bloque radical aseguró haber presentado un despacho alternativo para mejorar la iniciativa, señalando las inconsistencias técnicas y jurídicas del proyecto. Pero no hubo margen para el intercambio: la orden del Ejecutivo fue avanzar sin modificar una coma.

El rechazo no provino solo de la oposición. La Asociación de Magistrados y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también alertaron que el diseño propuesto carece de garantías reales de autonomía y de criterios de profesionalización.

Es decir, ni el Poder Judicial ni los organismos especializados avalaron la creación de esta Procuración tal como la pretende el Gobierno. Aun así, el oficialismo insistió en continuar el tratamiento.

Una retirada que busca dejar en evidencia

Frente al escenario de cerrazón absoluta, la UCR decidió abandonar el recinto para no “convalidar con su presencia” lo que consideran un atropello institucional y un escándalo político innecesario. La salida expuso a quienes sí permanecieron respaldando el proyecto: el oficialismo y sus aliados, que ahora deberán explicar ante la sociedad por qué avalan una estructura costosa, poco transparente y rechazada por especialistas.

La oposición fue tajante: “Córdoba no resiste tanta impunidad”.

Un síntoma más de un poder que se auto-reproduce

El avance sobre la Procuración Penitenciaria se suma a un patrón creciente: concentración de poder, instituciones hechas a medida y decisiones adoptadas en horarios y contextos que eluden el debate público. Mientras se discute el ajuste previsional, se recortan fondos y se pide “esfuerzo” a todos los sectores, el Gobierno provincial impulsa organismos con salarios millonarios y beneficios especiales para quienes integrarán su círculo más estrecho.

La contradicción es evidente, y el malestar político también. Lo que está en juego no es solo la creación de un nuevo órgano estatal, sino la calidad de las instituciones y la credibilidad de un gobierno que, según crece la crítica, parece decidido a gobernar sin contrapesos.