La discusión sobre accesibilidad urbana en Córdoba volvió al centro de la agenda impulsada por la concejala Fabiana Gutiérrez, quien decidió reflotar un proyecto de ordenanza que había presentado meses atrás y que proponía beneficios impositivos concretos para quienes construyan rampas en la ciudad. El regreso del tema no es casual: recientes episodios de inseguridad vial y barreras arquitectónicas dejaron en evidencia las profundas falencias del sistema actual y reabrieron el debate sobre la falta de políticas efectivas para garantizar derechos básicos.

Emergencia invisibilizada: accidentes que exponen una ciudad hostil

El 14 de noviembre, Lucrecia Gómez, una joven deportista paralímpica en formación, fue atropellada en plena avenida Vélez Sársfield al 500 por un automovilista que salía de un estacionamiento. Iba obligadamente por la calle: la esquina carecía de rampas accesibles para silla de ruedas. El choque le provocó una fractura de fémur que interrumpió su entrenamiento por meses. “No solo me quebró el fémur, también mis sueños”, expresó con dureza.

Semanas antes, en el Cerro de las Rosas, un hombre de 84 años que cruzaba la avenida Rafael Núñez por la senda peatonal fue embestido por un colectivo mientras avanzaba con bastón. Aunque logró volver a su casa, permanece en cama. El conductor fue imputado y la justicia convocó testigos. “Ahí tendría que haber un semáforo”, advirtió el vecino en su declaración.

Ambos casos tienen un denominador común: exponen una ciudad que no contempla las necesidades de todas las personas. Las barreras urbanas —o directamente la ausencia de infraestructura básica— obligan a miles de cordobeses con movilidad reducida a desplazarse en condiciones peligrosas, muchas veces con consecuencias irreparables.

Una propuesta con incentivos: accesibilidad a través de beneficios fiscales

Para responder a esta deuda urbana, Gutiérrez presentó el proyecto de ordenanza “Promoción y Beneficio Impositivo en Accesibilidad”. La iniciativa plantea:

• Eximir del Impuesto Inmobiliario a propietarios de viviendas en esquina que construyan rampas accesibles por iniciativa propia.
• Eximir por dos años de la Contribución de Industria y Comercio a comerciantes que hagan lo mismo en sus locales, incluso si no están obligados por el Código de Edificación.
• Establecer que la Secretaría de Desarrollo Urbano confeccione planos gratuitos, supervise la ejecución y garantice que las rampas cumplan con estándares nacionales e internacionales.

El aspecto más innovador del proyecto es que la exención impositiva se mantendría hasta cubrir el costo total de la rampa. “Lo que buscamos es que ningún vecino sienta que la inclusión es un gasto imposible. Cada acción concreta debe tener su recompensa, y debe llegar rápido”, explicó la concejala.

Relevamiento propio y un pedido de informes que incomoda

Meses atrás, la Municipalidad anunció la finalización del plan Respira Córdoba, que contemplaba la construcción de 155 rampas en el microcentro. Sin embargo, un relevamiento realizado por Gutiérrez y su equipo detectó múltiples inconsistencias:

• Pendientes mal ejecutadas o fuera de norma.
• Baldosas podotáctiles mal colocadas o con materiales de baja durabilidad.
• Diferencias entre lo pagado y lo efectivamente construido.
• Ausencia de actas de recepción, planos firmados o certificados de inspección.

Ante esto, Gutiérrez presentó un pedido de informes (Expediente 12632/C/25) solicitando al Ejecutivo precisiones sobre montos contratados, empresa responsable, metros cuadrados verificados y controles realizados. El planteo apunta a una cuestión de fondo: la falta de transparencia y de estándares uniformes en una obra que debería ser modelo de inclusión.

“Incluir no es opcional, es un deber ético”

Durante su exposición en el Concejo, la concejala valoró que el Ejecutivo avanzara con la construcción de rampas, aunque no fuera a partir de su proyecto. “Lo importante no es de quién es la idea, sino que se haga”, sostuvo.
Pero también marcó un límite: “Incluir no es un favor. Es un derecho. Y no hay derechos a medias”.

El enfoque de Gutiérrez apunta a involucrar a toda la trama urbana —Estado, comercios, vecinos— en la construcción de una ciudad accesible. “Hay que dejar de pensar que esto es responsabilidad exclusiva del Estado. Cada persona puede colaborar con una rampa, con una decisión, con un gesto”, afirmó.

Hacia una Córdoba más justa y accesible

El debate sobre accesibilidad urbana suele aparecer solo después de tragedias o situaciones extremas. Pero los reclamos sin planificación ni control terminan en obras aisladas que no modifican la vida cotidiana de quienes más dependen de ellas.

El proyecto de Fabiana Gutiérrez propone una hoja de ruta concreta, con incentivos efectivos y mecanismos de supervisión. En una ciudad donde una esquina sin rampa puede significar la diferencia entre autonomía y riesgo, la accesibilidad no debería seguir siendo una deuda pendiente.

Porque nadie debería exponerse a un accidente por falta de infraestructura básica. Porque lo que está en juego no es solo la movilidad: son derechos, sueños y dignidad.