Como legislador provincial, he presentado un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Provincia para que, de manera urgente, explique lo ocurrido en el vergonzoso operativo policial realizado en un hotel alojamiento de la ciudad de Córdoba. Lo que debía ser una acción preventiva terminó en un papelón nacional, dejando en evidencia la improvisación y la falta total de planificación en materia de seguridad.

El procedimiento —que movilizó a más de un centenar de efectivos, agentes del ETER, negociadores y unidades tácticas— se realizó sobre una pista falsa. Una simple confusión desencadenó un operativo desproporcionado, digno de una película, pero lamentablemente real. Mientras tanto, la Policía Internacional encontraba en pleno corazón de Córdoba al narcotraficante de armas más buscado de América Latina, sin que las fuerzas provinciales siquiera lo detectaran. Esa contradicción resume la situación actual de la seguridad en nuestra provincia.

Lo que busco con este pedido de informes es que el Ministerio de Seguridad determine quiénes fueron los responsables de semejante desatino: desde las autoridades que autorizaron el procedimiento, hasta el personal que participó del mismo. Córdoba necesita saber sobre qué información se basaron, cuántos recursos se destinaron, qué protocolos se siguieron y, sobre todo, quién asumirá el costo económico y político de este error.

Además, exigimos que se aclare la situación de las víctimas —una pareja inocente—, que denunció violencia, abuso de autoridad y la sustracción de dinero durante el procedimiento. La gravedad de estos hechos no puede minimizarse. Si hubo agentes involucrados en apremios o excesos, deben ser identificados y sancionados con el rigor de la ley.

Este episodio no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la ausencia de una política de seguridad seria. Lo hemos dicho muchas veces: Córdoba no tiene planificación, no tiene control y, lo que es peor, no tiene conducción. Hoy el 911 no funciona correctamente —como vimos en el trágico accidente de ruta donde nadie atendió las llamadas de emergencia—, y las fuerzas actúan sin coordinación, sin supervisión y sin inteligencia criminal real.

Lo ocurrido en el hotel alojamiento es una muestra clara de un sistema que actúa más por reflejo que por estrategia. Un gobierno desesperado por mostrar “efectividad” ante la inseguridad, termina exponiendo su propia ineficacia. Se gasta una fortuna en operativos fallidos mientras los barrios siguen desprotegidos, los vecinos viven con miedo y los verdaderos delincuentes —los del narcotráfico y la corrupción— siguen libres.

El gobernador Llaryora y el ministro Quinteros deben dar explicaciones concretas. La seguridad no se maneja con improvisación ni marketing político. Se maneja con planificación, control y responsabilidad. Córdoba no puede seguir siendo el escenario de operativos ridículos que ridiculizan a toda una fuerza y ponen en riesgo la confianza ciudadana.

Por eso, este pedido de informes no es solo una formalidad legislativa: es una exigencia de transparencia, de rendición de cuentas y de respeto a los cordobeses que merecen vivir en una provincia donde las fuerzas del orden estén al servicio de la ley, y no de la propaganda política.