Desde el inicio de esta gestión municipal y provincial, lo venimos advirtiendo con preocupación: Córdoba se ha transformado en una máquina de expulsar empresas. No es una exageración ni un eslogan político, es una realidad palpable que afecta a miles de vecinos, emprendedores y trabajadores que todos los días intentan sobrevivir en un contexto cada vez más hostil.

Lo que vivimos hoy en la provincia y en la ciudad no es otra cosa que el resultado directo de una política fiscal asfixiante. El incremento sostenido y desproporcionado de impuestos y tarifas de servicios —muy por encima de cualquier índice de inflación— ha colocado a Córdoba a la cabeza del ranking nacional de cargas tributarias. Ya no se trata solo de un problema económico, sino de un modelo que desalienta la inversión, destruye el empleo y ahuyenta la producción.

El boleto del transporte urbano de pasajeros es uno de los más caros del país. ¿Cómo puede un trabajador o un estudiante sostener una rutina si cada viaje representa una carga desmesurada para su bolsillo? Y si hablamos de los servicios esenciales, la situación es aún más crítica: la energía eléctrica, el agua, el transporte interurbano, los peajes y el impuesto inmobiliario han registrado incrementos de hasta el 1000%. Sí, mil por ciento. Y lo peor es que no se vislumbra una estrategia seria para revertir esta situación.

Desde el Municipio, lejos de frenar esta tendencia, se ha acompañado la lógica del Gobierno Provincial: seguir engrosando el gasto público para sostener una estructura política cada vez más grande, más ineficiente y más desconectada de las necesidades reales de los cordobeses. La presión fiscal municipal también ha crecido de forma alarmante, dificultando aún más la tarea de quienes generan trabajo, producen bienes y prestan servicios en nuestra ciudad.

El resultado está a la vista. Córdoba no solo enfrenta una de las tasas de desocupación más altas del país, sino que ha comenzado a registrar la salida de empresas, tanto nacionales como internacionales, que ya no pueden sostener sus operaciones en este escenario adverso. Empresas que se van, empleos que se pierden, oportunidades que se esfuman.

Esta situación no es casual. Es la consecuencia directa de una matriz política y económica que ha dejado de priorizar el desarrollo, la generación de empleo y el incentivo a la inversión privada. Vivir y trabajar en Córdoba se ha vuelto caro, difícil y cada vez más incierto.

Hoy, más que nunca, urge un cambio de rumbo. Necesitamos medidas urgentes que alivien la presión sobre nuestros vecinos y sobre el sector productivo. No se puede construir una Córdoba pujante expulsando a quienes generan empleo y sostienen la economía. Hay que terminar con el castigo al que trabaja, al que invierte, al que apuesta por esta provincia.

Desde nuestro lugar, seguiremos levantando la voz, denunciando estas políticas nocivas y proponiendo alternativas reales para que Córdoba vuelva a ser un lugar donde valga la pena emprender, trabajar y vivir.

Fabiana Gutiérrez
Concejal UCR