La detención del director de la Policía Caminera desata un fuerte cruce político. La UCR acusa al Gobierno de encubrir una estructura corrupta que se profundiza desde hace más de dos décadas.

La provincia de Córdoba vuelve a ser epicentro de un nuevo escándalo institucional. La reciente detención de Maximiliano Ochoa Roldán, director de la Policía Caminera, acusado por la Justicia de formar parte de una red de corrupción dentro de la fuerza, desató una fuerte respuesta del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes difundieron un comunicado lapidario: “La corrupción supera a la ficción”.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, los radicales lo inscriben dentro de lo que consideran una crisis de gobernabilidad estructural. “Este nuevo escándalo responde a 26 años de un gobierno que, evidentemente, se está cayendo a pedazos”, afirman en un tono que evidencia la gravedad con la que interpretan el hecho. Apuntan directamente al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien no solo había ascendido recientemente a Ochoa Roldán, sino que había calificado su foja como “intachable”.

La detención, ordenada por el fiscal Enrique González, volvió a poner el foco sobre los mecanismos de control internos del Ministerio de Seguridad y del Gobierno provincial. Desde la oposición se preguntan: “¿Cómo puede ser que el fiscal haya descubierto un entramado de corrupción en tan poco tiempo, mientras las autoridades políticas lo ignoraban por completo?”. La sospecha de encubrimiento no tardó en aparecer.

En el comunicado, los radicales remarcan con dureza: “No es el ministro Quinteros quien manda a investigar a sus subalternos. No es el jefe de la bancada oficialista, Miguel Siciliano, quien duda del accionar de la fuerza. No es el gobernador Martín Llaryora quien lleva adelante estas investigaciones, porque ellos forman parte de esta corrupción estructural”.

Un golpe a la cúpula policial

Maximiliano Ochoa Roldán no es un funcionario más. Su rol al frente de la Policía Caminera lo colocaba en una posición clave dentro del esquema de control vial en toda la provincia. Su ascenso fue avalado por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad, lo que agrega una dosis extra de controversia a su caída.

La causa, bajo secreto de sumario, se vincularía con presuntas coimas, irregularidades en controles y posibles vínculos con estructuras de recaudación paralela. Si bien los detalles del expediente aún no se conocen en profundidad, la detención de un funcionario de este nivel vuelve a poner a la Policía de Córdoba en el centro de la desconfianza social.

Quinteros en el ojo de la tormenta

El ministro Quinteros —quien asumió como una figura técnica en el Gabinete de Llaryora, con promesas de “profesionalización” y “transparencia”— se mostró visiblemente afectado por la situación. Sin embargo, desde el radicalismo consideran que está “superado por la realidad” y que sus decisiones agravan una gestión que ya naufraga en conflictos internos, casos de violencia institucional y falta de conducción.

La crítica más dura apunta al doble discurso del Gobierno. Mientras desde el oficialismo se intenta mostrar una imagen de eficiencia y modernización, los hechos revelan una continuidad de prácticas opacas, clientelismo dentro de las fuerzas y nula capacidad de anticipación ante hechos de gravedad institucional.

La Justicia, ¿único contrapeso?

Para los legisladores de la UCR, el único actor que aún conserva cierta independencia es el Poder Judicial. En el comunicado destacan el accionar del fiscal González como una señal de esperanza frente a lo que consideran un sistema de impunidad consolidado: “Por suerte, aún la justicia es un poder independiente en Córdoba”, señalan, dejando entrever que las investigaciones surgen a pesar —y no gracias— al poder político.

Realidad, no ficción

En un guiño irónico al reciente debate público sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas, el comunicado cierra con una frase contundente: “A los cordobeses les decimos: esto no es inteligencia artificial, esta es la realidad de nuestra provincia”. Con ello, buscan contrastar los montajes virtuales con una situación tangible, concreta y alarmante.

El mensaje de la UCR no solo cuestiona una detención puntual, sino que interpela de manera directa al gobernador Martín Llaryora, al ministro Quinteros y a todo el aparato político del oficialismo cordobés. En un clima de creciente tensión y con una opinión pública cada vez más escéptica, este nuevo caso de corrupción pone en evidencia que el desgaste del modelo político cordobés no solo es narrativo, sino estructural.