En una sesión cargada de tensión y sensibilidad, el Interbloque de la Legislatura de Córdoba manifestó su profunda preocupación ante el alegato del fiscal de Cámara, Enrique Ruiz Moreno, quien solicitó una pena condicional para el exministro de Salud, Diego Cardozo, en el juicio por las muertes de cinco bebés y la tentativa de homicidio de otros ocho, ocurridas en 2022 en el Hospital Neonatal.

La legisladora Alejandra Ferrero, respaldada por bloques como UCR, Frente Cívico, Mejor Futuro, Encuentro Vecinal, Construyendo Córdoba y el PRO, presentó un proyecto sobre tablas que advierte sobre el riesgo de una justicia desigual. Según el texto, la contemplación en favor de Cardozo refleja una actitud de “tenue y compasivo análisis”, en contraste con el pedido de prisión efectiva para los exdirectores, subdirectores y la exjefa del hospital.

“Los niños fallecidos y sus familias merecen una justicia equitativa, aplicada a todos los funcionarios involucrados, sin privilegios o distinciones jerárquicas que motiven la disminución injustificada de penas”, expresa el comunicado.

Durante su alegato ante la Cámara 7ª del Crimen, el fiscal Ruiz Moreno destacó las “condiciones personales” del exministro, aludiendo a su “vocación de servicio” y a su rol durante la pandemia. Incluso llegó a afirmar que “no solo sus hijos, sino toda la sociedad cordobesa debe recordar al ministro Cardozo por su entrega”. Estas expresiones fueron consideradas por el Interbloque como “inadmisibles” y “una peligrosa señal de impunidad institucional”.

El caso, uno de los más estremecedores en la historia sanitaria de la provincia, no solo generó indignación por la pérdida de vidas inocentes, sino también por las demoras, omisiones y posibles encubrimientos que durante meses rodearon la investigación. Ferrero recordó que recién tras múltiples muertes y reuniones internas, fue un ciudadano quien denunció públicamente los hechos, lo que forzó la intervención judicial.

El comunicado también llama la atención sobre la enorme disparidad en las penas solicitadas: prisión perpetua para la enfermera señalada como autora material y penas leves o condicionales para quienes debían garantizar el funcionamiento adecuado del hospital. “Esto evidencia un doble estándar en la administración de justicia que no puede ser tolerado”, afirma el texto.

Finalmente, los bloques firmantes exigieron una sentencia ejemplar y justa: “El accionar omisivo de altos funcionarios pudo haber evitado más muertes y no lo hizo. No puede haber castigos simbólicos cuando se trata de vidas inocentes. Hoy, más que nunca, esperamos que se haga justicia y que llegue la paz a esas familias”.

Este caso no solo interpela al Poder Judicial, sino a todo el sistema de salud y de control del Estado. Las respuestas que se den hoy marcarán el futuro de la credibilidad institucional en Córdoba.