Un pedido de informe presentado por los legisladores provinciales Inés Contrera y Miguel Nicolás ha encendido la alarma sobre las intervenciones realizadas en el predio de la ex Cárcel de San Martín, declarado Monumento Histórico Nacional en 2019. La solicitud dirigida al Poder Ejecutivo exige respuestas sobre las demoliciones internas efectuadas en uno de los sitios de mayor valor patrimonial, histórico y simbólico de la provincia.

El pedido, que ingresó formalmente a la Legislatura bajo expediente 42538/R/25, plantea una serie de interrogantes sobre la legalidad, el alcance y el impacto de las obras realizadas dentro del emblemático complejo carcelario. Los legisladores demandan al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que detalle, en un plazo de siete días, la cantidad exacta de demoliciones ejecutadas, si estas fueron previamente informadas y aprobadas por la Comisión Nacional de Monumentos y por el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, así como si la Comisión Provincial de la Memoria fue notificada de dichas acciones.

Un Patrimonio en Riesgo

El ex Penal San Martín representa el único y más temprano ejemplo en pie en Argentina de arquitectura carcelaria con diseño panóptico. El complejo articula tres panópticos sucesivos: el primero con estructura radial, cuyo centro es una capilla octogonal con un cielorraso de madera moldurada y policromía original; y dos estructuras posteriores en forma de «T». Estas características únicas le valieron el reconocimiento nacional por su “alto valor patrimonial” y su “testimonio excepcional de la arquitectura carcelaria”, tal como lo expresó en su momento la Comisión Nacional de Monumentos.

A este valor arquitectónico se suma un profundo significado histórico y social. Entre 1898 y 1902, el entonces cura José Gabriel del Rosario Brochero —canonizado en 2016— visitó regularmente el penal para brindar ejercicios espirituales y sacramentos a los internos, consolidando así el uso religioso de la capilla central.

Además, el penal fue testigo de etapas oscuras de la historia argentina: albergó a presos políticos bajo el régimen del Plan CONINTES entre 1958 y 1961, y durante la última dictadura militar funcionó como centro clandestino de detención. Por ello, se encuentra bajo protección de la Comisión Provincial de la Memoria, conforme lo establece la Ley 9286, cuyo artículo 3º inciso h obliga a preservar todo edificio que haya sido utilizado por el terrorismo de Estado.

Dudas sobre Legalidad y Transparencia

La preocupación de los legisladores radica en la posible violación de leyes nacionales y provinciales que regulan la conservación del patrimonio. Toda intervención en propiedades declaradas Monumento Histórico Nacional requiere aprobación expresa de los organismos pertinentes. De no mediar tal autorización, se incurre en una infracción a la Ley Nacional 12.665, artículo 8º, y al Código Penal argentino (artículo 184, inciso 5º), lo que podría derivar en sanciones penales para los responsables.

El pedido también solicita información detallada sobre el estado actual de la capilla del penal, el destino del material extraído tras las demoliciones, y los planes de obra previstos para el predio en 2025.

Un Debate que Sigue Abierto

Desde el cierre del penal en abril de 2015 —durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota—, el destino del predio ha sido motivo de intensas disputas sociales. En 2016, un dictamen conjunto de las facultades de Filosofía, Arquitectura y Urbanismo de la UNC, junto con la Universidad Católica de Córdoba, reclamaba la preservación integral del complejo. Dicho dictamen fue respaldado por la Comisión Nacional de Monumentos, que reiteró el valor patrimonial y simbólico del sitio.

Hoy, a casi una década de su cierre, las denuncias de posibles intervenciones ilegales reabren un debate que nunca se cerró: ¿quién cuida la memoria cuando se destruyen los muros que la contienen?