La crisis en el sistema de salud pública provincial vuelve a quedar en evidencia tras el despido masivo de trabajadores esenciales. Legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio y la legisladora Luciana Echevarría se reunieron esta semana con 18 empleados cesanteados del Hospital Rawson y representantes gremiales, denunciando lo que calificaron como una «alarmante desvalorización del sistema sanitario por parte del Gobierno de Córdoba».
El encuentro tuvo lugar en un contexto de creciente tensión: más de 70 trabajadores de hospitales públicos —entre ellos enfermeros, cirujanos, anestesistas, técnicos y personal administrativo— fueron despedidos sin explicación oficial ni previo aviso. Se trata de profesionales que hasta hace poco eran reconocidos como “esenciales”, pero que hoy son apartados sin miramientos, en un giro que los legisladores calificaron de “insensible y profundamente regresivo”.
Silencio oficial y puertas cerradas
El conflicto escaló esta semana cuando legisladores y concejales de distintos espacios políticos intentaron ingresar al Hospital Rawson para solicitar explicaciones formales. Sin embargo, la comitiva fue rechazada: las autoridades del centro se negaron a recibirlos y evitaron cualquier tipo de diálogo. “Nadie quiso dar la cara”, denunciaron los representantes en un comunicado conjunto.
Ante la falta de respuestas, los legisladores anunciaron que solicitarán una audiencia directa con el Ministro de Salud provincial, en busca de claridad y responsabilidad política sobre una medida que ya genera preocupación en distintos sectores sociales y sindicales.
Precarización estructural: contratos basura y monotributo eterno
Más allá de los despidos puntuales, la denuncia apunta a un problema estructural que se agrava con el tiempo: la precarización crónica del empleo en el sistema de salud pública. Según lo expresado por los legisladores, muchos profesionales trabajan bajo contratos encubiertos o son obligados a facturar como monotributistas durante años, sin estabilidad ni derechos laborales básicos.
Esta modalidad, que se repite en distintos centros sanitarios de la provincia, ha sido señalada por organismos de derechos humanos y sindicatos como una forma de “ajuste encubierto” que erosiona la calidad del sistema y vulnera a quienes lo sostienen diariamente.
“Sin salud pública no hay futuro”
“El Gobierno ha decidido ajustar donde más duele”, sostuvieron desde el interbloque, al tiempo que exigieron la reincorporación inmediata de los despedidos. También prometieron dar la pelea desde la Comisión de Salud para frenar lo que consideran un “atropello institucional”.
“Sin salud pública no hay futuro posible, y sin trabajadores no hay salud”, remarcaron. La frase sintetiza una preocupación creciente: el vaciamiento del sistema público de salud no solo afecta a quienes lo trabajan, sino a toda la ciudadanía que depende de hospitales y centros de atención para recibir cuidados básicos y especializados.
La situación en el Hospital Rawson podría ser apenas la punta del iceberg. Sindicatos y legisladores advierten que se vienen semanas de alta conflictividad si el Gobierno provincial no retrocede en su decisión y no ofrece soluciones concretas. Mientras tanto, la salud pública cordobesa continúa en estado crítico —pero esta vez, por causas políticas y no sanitarias.
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