El transporte público en Córdoba se encuentra en una encrucijada crítica. La concejala Fabiana Gutiérrez ha solicitado, mediante el Proyecto de Ordenanza 12030/C/24, una auditoría urgente sobre la TAMSE (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) al Tribunal de Cuentas Municipal. La petición busca arrojar luz sobre el estado financiero y operativo de la empresa al cierre del año 2024, en un contexto de cuestionamientos sobre la opacidad administrativa de la actual gestión municipal.

El pedido de auditoría sobretablas: transparencia ausente

Desde el inicio de su transformación en TAMSAU (Transporte Automotor Municipal Sociedad Anónima Unipersonal), la municipalidad no ha brindado información clara sobre la estructura, financiamiento y operaciones de la empresa. Esto ha generado preocupación entre los representantes y los ciudadanos, especialmente al no haber registro oficial ni explicaciones sobre los motivos detrás del cambio de modelo organizativo.

La concejala Gutiérrez argumenta que el Concejo Deliberante, bajo el inciso 22 del artículo 64 de la Carta Orgánica Municipal, tiene la atribución y obligación de solicitar auditorías financieras para garantizar transparencia en la gestión pública. Sin embargo, la resistencia a aprobar el proyecto en el recinto legislativo evidencia una preocupación desinteresada por esclarecer el manejo de recursos públicos.

Un sistema al borde del colapso

El diagnóstico es alarmante. Según Gutiérrez, el sistema de transporte público en Córdoba está en “estado terminal”. La ineficacia de las gestiones recientes ha llevado al servicio al borde del colapso, con miles de usuarios enfrentando demoras interminables y falta de cobertura en horarios nocturnos, además de la evidente falta de mantenimiento en las unidades, muchas de las cuales carecen de inspección técnica vehicular y se encuentran en condiciones deplorables.

Los testimonios indican que, lejos de ser un servicio eficiente, el transporte cordobés se ha convertido en una fuente de riesgos para los pasajeros, con unidades que presentan fallas graves, incendios y sistemas de frenos defectuosos. A esto se suma la polémica por los supuestos contratos de alquiler con empresas como Ersa, en los que se pagan tarifas por unidades que no están operativas.

El boleto más caro del país y la falta de participación.

A pesar de las deficiencias, Córdoba ostenta uno de los boletos de transporte más caros del país, una contradicción que evidencia la desconexión entre el costo del servicio y su calidad. Este problema se ve agravado por el diseño de políticas de transporte realizado a puertas cerradas, sin consultas con especialistas ni representación del Concejo Deliberante. La emergencia declarada en el sector se ha convertido en una excusa para operar bajo un manto de secretismo, alejando cualquier posibilidad de diálogo con la ciudadanía.

Un llamado a la acción

La solicitud de la concejala Gutiérrez no solo busca claridad sobre el estado financiero de TAMSE, sino también abrir un debate más amplio sobre la calidad y sostenibilidad del transporte público en la ciudad. Su crítica al oficialismo subraya la desconexión entre los tomadores de decisiones y los usuarios cotidianos del servicio. Citando a un experto en la materia, la concejala cerró su exposición con una frase contundente: “No hay mejor proyectista, ni mejor técnico especialista, que el mismo usuario al que debemos escuchar”.

La falta de transparencia y la gestión deficiente no solo afecta a miles de cordobeses que dependen diariamente del transporte público, sino que también comprometen la credibilidad de una administración que ha hecho de la opacidad de su sello distintivo. Es imperativo que las autoridades actúen con responsabilidad y permitan la propuesta de auditoría para reconstruir la confianza perdida.