El Legislador Miguel O. Nicolás, ha presentado un contundente proyecto de resolución para citar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Dr. Pablo Quinteros, en la Legislatura Provincial. La solicitud surge como respuesta a los eventos que culminaron con la muerte de un hombre de 39 años en una estación de servicio del barrio Villa Páez, en la madrugada de este lunes 24 de marzo.

El hecho ha generado una fuerte conmoción en la sociedad cordobesa y una ola de críticas hacia el accionar policial. Según la denuncia de la esposa de la víctima, el hombre falleció tras recibir múltiples golpes de parte de los oficiales que intervinieron en el operativo.

El hecho: confusión, violencia y tragedia.

Todo comenzó alrededor de las 4 de la madrugada, cuando el hombre, un panadero que recién había terminado su turno, se dirigió a cargar combustible en su Ford Ecosport en la estación ubicada en Mariano Castex y Octavio Pinto. Allí tuvo un altercado con el empleado de la estación por el pago de 10 mil pesos de combustible.

Por casualidad, un patrullero circulaba por la zona e intervino en el conflicto. Según la Policía, el hombre «se puso muy nervioso», lo que habría llevado a los oficiales a intentar arrestarlo. Sin embargo, la esposa del fallecido brindó una versión completamente diferente: aseguró que su esposo fue víctima de violencia policial extrema, pese a haber manifestado sentirse mal y anunciar que necesitaba atención médica.

«Estaba en el móvil y del móvil lo sacaron desplomado, lo quisieron reanimar y no pudieron. Vino el servicio del 107 y me dijeron que mi marido estaba muerto», declaró la mujer, visiblemente quebrada. Agregó que los oficiales ignoraron sus súplicas y que incluso las agentes femeninas intentaron detenerla.

El caso está siendo investigado por la Justicia, que busca esclarecer los hechos a través de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. Hasta el momento, la Policía no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Denuncia UCR: negligencia estructural y ausencia de protocolos

El Legislador Miguel O. Nicolás, autor del proyecto, no solo exige explicaciones inmediatas del Ministro Quinteros, sino que también apunta al Gobierno Provincial como principal responsable de las fallas en el sistema de seguridad.

«La falta de preparación y profesionalidad policial es una constante en Córdoba. Estos errores no son casos aislados, sino el reflejo de una gestión que durante 25 años ha demostrado incapacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos», expresó Nicolás en los fundamentos del proyecto.

El documento solicita información detallada al Ministro de Seguridad sobre:

• Las acciones específicas realizadas por los agentes la madrugada del incidente.
• La identificación del personal policial y sus jerarquías.
• Las razones para solicitar una ambulancia y los pasos seguidos en el procedimiento.
• Los protocolos que deben implementarse frente a la resistencia de la víctima.

Justicia y reclamo social

El bloque de la UCR enfatizó que este caso es emblemático de las graves deficiencias estructurales de la Policía de Córdoba. Según Nicolás, no solo se trata de un operativo fallido, sino de un sistema que pone en peligro la vida de los ciudadanos.

Por su parte, la familia de la víctima reclama justicia y responsabiliza directamente al accionar de los agentes policiales. Este trágico episodio evidencia una vez más la urgente necesidad de una reforma integral en la formación y actuación de las fuerzas de seguridad provinciales.

Silencio oficial y un debate pendiente

Mientras la sociedad cordobesa sigue conmocionada por el caso, la ausencia de un comunicado oficial por parte de la Policía refuerza las críticas hacia la falta de transparencia institucional. El pedido de comparecencia del Ministro Quinteros promete convertirse en un punto álgido de discusión en la Legislatura Provincial, mientras la ciudadanía exige respuestas claras y medidas concretas para evitar nuevas tragedias.

Este caso no solo pone en cuestión el accionar de los agentes involucrados, sino también la capacidad del sistema político y judicial para garantizar justicia y prevenir que hechos de este índole se repitan.