Plazos vencidos y falta de información oficial
La licitación de los casinos en Córdoba ha entrado en una zona de incertidumbre absoluta, con plazos vencidos, falta de información oficial y crecientes sospechas sobre la transparencia del proceso. A pocos días de la fecha límite para la resolución definitiva de adjudicación, el silencio de las autoridades ha despertado duras críticas y acusaciones de ocultamiento.

Críticas al presidente de Lotería de Córdoba
El presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, enfrenta una ola de cuestionamientos por no haber brindado detalles sobre las preadjudicaciones y las impugnaciones del proceso licitatorio. Según informó el periodista Matías Gvozdenovich en su cuenta de X (ex Twitter), el próximo 24 de febrero debería dictarse la resolución definitiva de adjudicación, pero hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial.
Conflictos de interés: el papel de la auditora
Uno de los aspectos más controversiales del caso es el rol de la auditora del proceso, Gisela Veritier, quien además de desempeñarse en esta función clave es la esposa del propio Urreta. Esta situación ha generado fuertes críticas y ha puesto en duda la imparcialidad del proceso, alimentando sospechas de conflictos de interés.
Viajes misteriosos y sospechas de irregularidades
Las denuncias también apuntan a supuestos viajes misteriosos realizados por funcionarios vinculados a la licitación, incluyendo desplazamientos a Mendoza y otras provincias, sin explicaciones claras sobre sus motivos y propósitos. Este componente ha avivado las sospechas sobre la posibilidad de acuerdos irregulares o influencias externas en la adjudicación de los casinos.
Reclamos de transparencia y acción judicial
El hermetismo de Lotería de Córdoba y del Gobierno provincial sobre esta situación no hace más que incrementar las dudas y la presión pública para que se esclarezca el manejo de esta licitación millonaria.
Desde distintos sectores políticos y ciudadanos se exige que la Justicia intervenga con urgencia para garantizar la transparencia del proceso y deslindar responsabilidades ante las graves acusaciones de irregularidades. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y la falta de información oficial solo profundiza la crisis de confianza en la administración de los juegos de azar en la provincia.
