El interbloque de Juntos por el Cambio, encabezado por su presidenta, Alejandra Ferrero, junto al resto de los bloques opositores, recibió a representantes de diversas cámaras empresariales de la provincia para analizar el impacto de los recientes aumentos impositivos impulsados por el Gobierno de Córdoba. En la reunión participaron la Cámara de Hoteleros, la Cámara de Industriales Metalúrgicos, la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos, la Cámara del Maní, la Cámara de Comercio y representantes de playas de estacionamiento.

Durante el encuentro, los empresarios manifestaron su preocupación por la creciente presión fiscal que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y a los emprendedores, sectores que enfrentan serias dificultades para sostener sus actividades ante el incremento de los tributos provinciales. Expusieron casos concretos de empresas que han debido reducir personal o han detenido inversiones planificadas debido al fuerte impacto de los nuevos impuestos.

Uno de los puntos más críticos abordados fue la aplicación del coeficiente CEI, el mecanismo utilizado por la Provincia para determinar los aumentos impositivos. Los asistentes calificaron la metodología como arbitraria, discrecional y poco transparente, argumentando que genera incertidumbre jurídica y económica. Incluso, señalaron que la medida podría rozar la ilegalidad, al no haber sido sometida a un proceso de consulta con los sectores afectados ni contar con criterios objetivos claros.

Desde Juntos por el Cambio y los sectores empresariales instaron al Gobierno de la Provincia a reconsiderar la suba impositiva y a retrotraer los valores al período 2024. Argumentaron que el denominado «impuestazo» no solo rompe cualquier ecuación económica comercial, sino que también fomenta la inflación y desincentiva tanto la inversión como la generación de empleo genuino. Se destacó que estos incrementos repercuten directamente en el costo de vida de los cordobeses, ya que muchas empresas se ven obligadas a trasladar los aumentos a los precios finales de bienes y servicios.

Finalmente, los dirigentes opositores y los representantes de los sectores productivos apelaron a la empatía y solidaridad del Ejecutivo provincial con los ciudadanos y las empresas que sostienen la economía local. Advirtieron que, de no modificarse la carga fiscal, el impacto negativo sobre la actividad económica será aún mayor, afectando el desarrollo y la competitividad de la provincia. Además, dejaron abierta la posibilidad de avanzar con medidas judiciales para frenar los aumentos si el Gobierno no accede a una revisión de los nuevos tributos.