El reciente proyecto de declaración presentado por el Bloque de Legisladores de la UCR en Córdoba pone de manifiesto un nuevo episodio de tensiones entre el oficialismo provincial y la oposición radical. Este documento rechaza enérgicamente las declaraciones de Facundo Torres, presidente provisorio de la Legislatura, y Miguel Siciliano, presidente del Bloque de Unión por Córdoba, quienes cuestionaron al presidente del Bloque UCR en la Cámara de Diputados de la Nación por su manejo del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El foco de las críticas de la UCR no solo responde a las declaraciones de Torres y Siciliano, sino que va más allá, acusando a ambos legisladores de actuar con una «hipocresía abrumadora». Según la UCR, resulta incoherente que estos representantes oficialistas exijan en el ámbito nacional lo que el gobierno provincial lleva incumpliendo durante 25 años: garantizar los derechos de los jubilados y pensionados.

Un sistema provisional fallido

En los fundamentos del proyecto, los legisladores radicales destacan que el gobierno de Córdoba ha sido el principal responsable de lo que denominan «modificaciones genocidas» a la ley provisional provincial. Desde su perspectiva, estas reformas han sido devastadoras para los jubilados, sumiéndolos en una situación de pobreza e indigencia. Mientras Torres y Siciliano se arrogan el derecho de criticar al presidente del Bloque UCR en el Congreso, los radicales subrayan la incongruencia de sus declaraciones, recordando que el oficialismo provincial nunca cumplió con la promesa del 82% móvil para los jubilados cordobeses.

Esta acusación se agrava con los datos proporcionados por la UCR, que afirman que hoy, para no caer bajo la línea de pobreza, los ingresos deberían superar el millón de pesos. Esta situación contrasta brutalmente con la realidad de los jubilados cordobeses, cuyos haberes han sido recortados sistemáticamente a lo largo de los años. A esto se suma el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos y la presión fiscal desmedida, dejando a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema.

Hipocresía en la Nación y la Provincia

La UCR también defiende el trabajo de su bloque en la Cámara de Diputados, enfatizando que fue la propia bancada radical la que promovió el proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria. Según los legisladores radicales, el proyecto buscaba restituir el 8% que el Gobierno Nacional no actualizó en enero, además de implementar un sistema de actualización mensual que permitiría a los jubilados no solo mantener su poder adquisitivo, sino también recuperar el terreno perdido frente a la inflación. .

Frente a la crítica de Torres y Siciliano, la UCR sostiene que el proyecto de ley fue cuidadosamente diseñado para no desestabilizar el equilibrio fiscal, afectando solo un 0,4% del PBI. Diversos economistas avalaron la propuesta, lo que refuerza la postura del radicalismo frente a la controversia generada por el veto.

Un largo historial de incumplimientos

El trasfondo de esta disputa no puede desligarse del historial del gobierno provincial en materia provisional. Según los radicales, desde hace más de dos décadas el oficialismo ha desmantelado el sistema de jubilaciones y pensiones en Córdoba, condenando a los jubilados a una vida de precariedad. Este punto cobra relevancia en el marco de las recientes declaraciones de Torres y Siciliano, que según la UCR, parecen ignorar deliberadamente los daños causados ​​por su propio gobierno.

La UCR apela a su trayectoria histórica en la defensa de los jubilados, recordando que fue su partido el que, desde el retorno de la democracia, impulsó el 82% móvil para aquellos que aportaron más de 30 años. En este sentido, la postura de los legisladores radicales no es solo una reacción puntual, sino una reafirmación de su compromiso con los derechos de los adultos mayores.

Conclusión

El proyecto de declaración presentado por el Bloque de la UCR de Córdoba es una fuerte denuncia contra la incoherencia del oficialismo provincial. Mientras Torres y Siciliano buscan criticar a la oposición en el ámbito nacional, su propio gobierno es señalado como el principal responsable de la pauperización de los jubilados en Córdoba. Este episodio evidencia no solo la creciente polarización entre oficialismo y oposición, sino también la profundidad de la crisis previsional en la provincia, que trasciende las declaraciones y afecta directamente a miles de cordobeses.

A continuación el expediente: