En un contexto donde la amenaza de incendios forestales se intensifica año tras año en la provincia de Córdoba, surge una pregunta fundamental: ¿Dónde está el dinero del Fondo del Fuego? Esta interrogante, planteada por el legislador Miguel Nicolás, no solo refleja la preocupación por la administración de recursos, sino que pone en tela de juicio la eficacia y transparencia del gobierno provincial en la gestión de una de las crisis ambientales más graves que enfrenta Córdoba.

El Fondo del Fuego, creado bajo la Ley 8751 y extendido hasta 2027, tiene como objetivo primordial la adquisición de equipamiento y la implementación de medidas necesarias para combatir incendios. Sin embargo, la realidad en las sierras cordobesas parece contradecir esta intención. Los incendios forestales no solo persisten, sino que cada año parecen aumentar en intensidad y frecuencia, afectando miles de hectáreas de bosque nativo, biodiversidad invaluable y la calidad de vida de los cordobeses.

Miguel Nicolás, en un pedido de informes presentado al Ministerio de Seguridad, ha solicitado detalles precisos sobre la recaudación y ejecución presupuestaria del Fondo del Fuego durante los últimos diez años. La demanda incluye información sobre el equipamiento adquirido, la implementación de sistemas de detección temprana de incendios y las razones por las cuales el gobierno no ha adquirido más hidroaviones o helicópteros especializados. Estos son elementos clave en la lucha contra el fuego, cuya ausencia o insuficiencia podría tener consecuencias devastadoras.

La gravedad de la situación no se limita solo a la falta de transparencia. Nicolás también ha planteado la necesidad de investigar a los funcionarios responsables de la administración del Fondo del Fuego, sugiriendo que podrían haberse cometido delitos de estragos culposos. Esta acusación es un reflejo de la frustración y la impotencia que sienten muchos cordobeses, quienes cada año ven cómo sus tierras y bienes son consumidos por las llamas, mientras el gobierno provincial parece mantenerse en una postura de inacción y justificaciones vacías.

El legislador no solo critica la gestión actual, sino que también hace un llamado a los fiscales de Córdoba para que tomen cartas en el asunto. La inacción frente a estos crímenes ambientales solo perpetúa un ciclo de destrucción y pérdida. El medio ambiente cordobés, su frágil ecosistema, y la vida de miles de ciudadanos merecen una respuesta contundente y efectiva por parte del Estado.

Es innegable que la provincia de Córdoba enfrenta un desafío ambiental enorme. Sin embargo, es igualmente innegable que este desafío no se ha enfrentado con la seriedad y la responsabilidad que merece. La repetición anual de incendios en las mismas regiones, en las mismas fechas, no es solo un accidente desafortunado, sino un testimonio de la falta de previsión, inversión y voluntad política para cambiar esta realidad.

En un país donde la riqueza natural es uno de los principales activos, permitir que los bosques nativos de Córdoba sigan ardiendo sin una respuesta adecuada es un crimen. No solo contra la naturaleza, sino contra las generaciones futuras que heredarán un paisaje devastado y una biodiversidad empobrecida.

El pedido de informes de Nicolás es más que una solicitud burocrática; es un grito desesperado por justicia ambiental, por transparencia en la gestión pública y por un cambio en la política de lucha contra incendios en Córdoba. Los cordobeses, quienes año tras año sufren las consecuencias de estos siniestros, merecen respuestas claras y acciones concretas. Ya no es tiempo de promesas vacías ni de buscar culpables externos; es tiempo de actuar con responsabilidad y de garantizar que el dinero del Fondo del Fuego se utilice para lo que fue destinado: proteger a Córdoba del fuego.

A continuación el Expediente: