Lo que inició como el debate para regular y prohibir la actividad de los cuidacoches en Córdoba, terminó en una batalla política a cielo abierto. Entre acusaciones de «autoritarismo» y recordatorios del pasado, el oficialismo y el juecismo profundizaron una grieta que promete trasladarse al Congreso de la Nación.

La Legislatura de Córdoba vivió una jornada de alta intensidad. Si bien el oficialismo logró aprobar por mayoría la normativa que regula y prohíbe la actividad de los denominados «naranjitas» o cuidacoches, la verdadera noticia se produjo tras el cierre de la sesión. La disputa abandonó el recinto para trasladarse a las redes sociales, donde el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y los referentes del juecismo protagonizaron un intercambio cargado de munición gruesa.

El dardo de Quinteros: «Devuelvan el sueldo»

Tras la votación, el ministro Quinteros no ocultó su malestar con los sectores que rechazaron el proyecto. En un discurso que buscó marcar la cancha política, agradeció a quienes acompañaron la medida pero arremetió con dureza contra la oposición, calificando su postura de «mezquina, especulativa e ignorante».

Sin embargo, la frase que elevó la temperatura fue el cuestionamiento a la legitimidad del rol opositor: Quinteros sugirió que aquellos legisladores que no se involucran en las soluciones de fondo «deberían devolver el sueldo».

La respuesta opositora: «Ni Gildo se atrevería a tanto»

La réplica desde el Frente Cívico fue inmediata. El legislador Walter Nostrala tildó las declaraciones del ministro como «autoritarismo en su máxima expresión». Para cerrar su descargo, lanzó una chicana que resonó con fuerza en el arco político cordobés: “Ni Gildo (Insfrán) se atrevería a tanto”, comparando las formas del ministro con el cuestionado estilo del gobernador formoseño.

La «guerra de archivos» y el fantasma del pasado

El punto más álgido del conflicto llegó de la mano del concejal Martín Juez, quien evitó entrar en el debate técnico de la ley para recurrir a la memoria digital. Juez rescató un antiguo tuit de la época en la que Quinteros era un férreo opositor al peronismo cordobés.

En dicho posteo, el ahora ministro denunciaba: “Un homicidio más a manos de policías. Seguramente el gobernador Juan Schiaretti seguirá en silencio. Esto es Córdoba, la provincia en la que los 21 años de Unión Por Córdoba pulverizaron las instituciones”.

Con la publicación del archivo, Martín Juez ironizó con un mordaz: “¿Será el mismo Juan Pablo Quinteros?”, exponiendo lo que considera un cambio de posición radical tras su incorporación al gabinete de Martín Llaryora.

El próximo escenario: El Congreso de la Nación

Lejos de concluir, este conflicto se encamina hacia un nuevo capítulo, esta vez en el plano nacional. Se espera que el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, impulse una reforma del Código Penal que incluya la tipificación de delitos vinculados a los «trapitos».

Este escenario pone al senador Luis Juez en el centro de las miradas. Tras el rechazo de su bloque en Córdoba, el oficialismo provincial observará con lupa qué postura adoptará el líder del Frente Cívico cuando el paquete legislativo llegue al Congreso nacional.

Lo que comenzó como una discusión de convivencia urbana por los cuidacoches ha derivado en una disputa estructural. El conflicto, alimentado por viejos rencores y alineamientos actuales, demuestra que en la política cordobesa los argumentos nunca se agotan, solo cambian de plataforma.