La escena política argentina atraviesa un momento de tensión cruzada. La combinación de dificultades económicas y el impacto político del caso que involucra a Manuel Adorni configura un escenario que, lejos de paralizar a las provincias, parece abrir una ventana de oportunidad. En Córdoba, el Centro Cívico —el Panal— observa con atención y ensaya movimientos tácticos frente a un gobierno nacional encabezado por Javier Milei que, según interpretan, muestra signos de desgaste.

En ese contexto, el gobernador Martín Llaryora busca resolver uno de los frentes más sensibles de su gestión: el conflicto docente. La estrategia es clara, aunque no exenta de riesgos. El oficialismo provincial pretende cerrar la paritaria sin mejorar la oferta económica ya presentada, apostando a un esquema de aumentos por porcentaje anual, similar al recientemente acordado con el sindicato municipal.

Ese acuerdo, alcanzado con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), fijó un incremento del 26,5% en seis tramos. Aunque no está confirmado que ese mismo número sea trasladado a los docentes, la lógica es replicar el modelo: simplificar la estructura salarial —actualmente fragmentada en múltiples ítems— para hacer más visible el aumento, sin incrementar el costo fiscal.

Sin embargo, el vínculo histórico entre el gobierno provincial y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) no augura un camino sencillo. En el Panal reconocen que no existe una relación política fluida con el sector, lo que reduce los márgenes de negociación. Si la estrategia fracasa, el Ejecutivo ya contempla alternativas tradicionales: un laudo de la Secretaría de Trabajo o directamente un aumento por decreto.

Pragmatismo y silencio estratégico

Mientras tanto, Llaryora adopta una postura de bajo perfil frente a la crisis nacional. En el oficialismo cordobés consideran que sobreactuar las críticas podría fortalecer a Milei mediante la victimización. Por eso, el gobernador opta por un enfoque pragmático: administrar los tiempos, medir la resistencia financiera de la provincia —afectada por la caída de la coparticipación— y evitar confrontaciones innecesarias.

Puertas adentro, el cálculo es concreto. Córdoba tendría margen para sostenerse unos cuatro meses más antes de verse obligada a solicitar asistencia financiera a la Nación, como ya lo hicieron más de la mitad de los gobernadores. En paralelo, la Provincia mantiene reclamos formales por fondos adeudados y la distribución de ATN, aunque sin la intensidad discursiva que caracterizó la relación con gestiones anteriores.

Más que los giros discrecionales, lo que realmente interesa al gobierno cordobés es conservar el aval de la Casa Rosada para acceder a financiamiento externo. La toma de deuda aparece como una herramienta clave para sostener obras públicas que, en el actual contexto de caída de ingresos, resultan difíciles de ejecutar.

La política como horizonte: 2027 en la mira

Detrás de la coyuntura económica y sindical, asoma un objetivo de mayor alcance: la reelección provincial en 2027. En el entorno de Llaryora creen que la actual debilidad del gobierno nacional podría traducirse en mejores condiciones para negociar políticamente con Milei en el mediano plazo.

La percepción en el Panal es que el Presidente ya no exhibe la fortaleza de sus primeros meses de gestión y que su recuperación dependerá, casi exclusivamente, de lograr resultados económicos antes de fin de año. En Córdoba, sin embargo, predomina el escepticismo. Consideran que la estrategia nacional priorizará distritos clave como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, relegando a territorios como Córdoba y Santa Fe.

El Congreso como termómetro de la relación

La reciente votación en la Cámara de Diputados expuso con claridad la lógica de equilibrio que intenta sostener el cordobesismo. Los cinco legisladores alineados con Llaryora acompañaron un proyecto de la oposición para habilitar la interpelación de Adorni, en un gesto que no implicaba un costo político directo para el oficialismo nacional, dado que la iniciativa requería una mayoría agravada que no se alcanzó.

“Libertad de acción”, fue la explicación ensayada desde el Panal. Una fórmula que, en los hechos, refleja una estrategia más amplia: marcar autonomía sin romper puentes.

El verdadero test llegará en las próximas semanas, cuando sectores opositores impulsen una sesión especial para avanzar nuevamente con la citación del vocero presidencial. Allí, el peso de los diputados cordobeses será determinante, tanto para garantizar el quórum como para definir el resultado de la votación.

En ese escenario, el equilibrio será más delicado. La relación entre Córdoba y la Nación se jugará voto a voto, en una dinámica donde las necesidades mutuas obligan a medir cada paso. Como sintetizó un legislador oficialista: “Paso a paso”. Una definición que, más que prudencia, parece describir una estrategia de supervivencia política en tiempos de incertidumbre.