Con la reciente modificación del Código de Convivencia por parte de la Legislatura provincial, el foco de la discusión sobre los “naranjitas” se trasladó definitivamente a los municipios. Y en ese escenario, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba quedó en el centro de una definición política que promete debate: regular, reconvertir o eliminar una actividad tan extendida como controvertida.

Hoy conviven siete proyectos en el Legislativo municipal, firmados por concejales de distintos espacios: Gabriel Huespe, Jéssica Rovetto Yapur, Luciano Agüero Díaz, Diego Casado, la dupla Javier Fabre–Soher El Sukaría, Marcos Vázquez y el bloque radical en su conjunto. Sin embargo, más allá de la diversidad de iniciativas, el rumbo parece estar marcado.

Solo dos propuestas —las de Rovetto Yapur y Agüero Díaz— plantean la prohibición total de la actividad. El resto, con matices, apunta a su regulación. Y aunque desde el oficialismo se insiste en que habrá una “síntesis” entre todos los proyectos, lo cierto es que la decisión política de descartar la prohibición lisa y llana ya estaría tomada, acotando el debate a cómo reconvertir el sistema.

En ese marco, la iniciativa que empieza a consolidarse toma como base el esquema presentado por Fabre y El Sukaría, que introduce un cambio sustancial: eliminar el cobro directo en la vía pública. Esto implica terminar con la interacción económica entre cuidacoches y conductores, uno de los principales focos de conflicto.

El nuevo modelo propone que los “naranjitas” se integren en cooperativas registradas por el municipio y pasen a desempeñar un rol distinto. Ya no cobrarían por “cuidar” vehículos, sino que verificarían que los automovilistas tengan activado el sistema digital de estacionamiento medido, el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal. En caso contrario, deberían informar la infracción.

Así, los cuidacoches se transformarían, en los hechos, en auxiliares informales del control municipal, ampliando la estructura de fiscalización sin incorporarlos formalmente como empleados públicos. Una solución que, en los papeles, busca ordenar la actividad, pero que abre interrogantes de fondo.

El principal de ellos es jurídico: ¿qué naturaleza tiene el pago que realizan los conductores a través del SEMM? La ordenanza vigente lo define como “precio del servicio”, pero no resulta claro cuál es exactamente ese servicio ni qué rol cumplen los naranjitas en su prestación. Si no hay una contraprestación directa, la figura se vuelve difusa.

En la práctica, lo que se configura es un esquema en el que los usuarios del sistema financiarían indirectamente la reconversión de los cuidacoches, en una suerte de mecanismo cercano a un “seguro de desempleo encubierto”. Una alternativa que podría ser socialmente atendible, aunque difícilmente presentada en esos términos durante el debate político.

La paradoja no pasa desapercibida: mientras la Legislatura avanzó en la prohibición de los limpiavidrios —quienes sí ofrecen una contraprestación concreta—, se habilita un esquema de integración para los naranjitas, cuya función bajo el nuevo modelo aparece más difusa.

El proyecto oficialista también incorpora instancias de capacitación obligatoria en áreas como comunicación asertiva, resolución de conflictos, primeros auxilios, seguridad vial y atención al ciudadano. Un enfoque que apunta a profesionalizar la actividad, aunque deja sin resolver un aspecto clave: quién financiará estas capacitaciones y bajo qué esquema se implementarán.

Finalmente, entre los cambios propuestos aparece uno que roza lo simbólico: la modificación del color de los chalecos identificatorios. Un detalle menor frente a la complejidad del problema, pero que grafica, en cierta medida, el intento de mostrar una transformación visible en un tema históricamente difícil de abordar.

Con el reloj en marcha en el Concejo Deliberante, la discusión recién comienza. Entre la necesidad de ordenar el espacio público, la presión social por terminar con prácticas extorsivas y la obligación política de contener a un sector vulnerable, el municipio enfrenta un delicado equilibrio. La solución, como suele ocurrir, no parece estar solo en la norma, sino en cómo —y con qué recursos— se la implemente.