Gobernador Martín Llaryora: hay decisiones que marcan una forma de concebir el Estado. Y la reciente reforma del Código de Convivencia, que endurece sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios, es una de ellas.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿quién es más violento frente a la pobreza? ¿El hombre que intenta ganarse una moneda en una esquina o el Estado que lo abandonó durante años sin ofrecerle una sola herramienta real de inclusión?
Porque lo que hoy se presenta como ordenamiento del espacio público tiene, en realidad, una raíz mucho más profunda. No estamos hablando solo de “naranjitas” o limpiavidrios. Estamos hablando de miles de cordobeses que quedaron fuera del sistema formal, sin empleo, sin oportunidades y sin respuestas.
Y frente a eso, la política pública que aparece es la sanción.
La nueva normativa no deja lugar a dudas: multas que pueden superar los 800 mil pesos, arrestos de hasta seis días, agravantes que duplican las penas. Es decir, el peso del Estado aparece con toda su fuerza… pero tarde. Muy tarde.
Porque donde el Estado debió estar antes —generando trabajo, impulsando capacitación, promoviendo inclusión— no estuvo. O estuvo de manera insuficiente. Y ese vacío hoy se intenta corregir con herramientas punitivas.
No se trata de negar el problema. Es evidente que existen conflictos en el uso del espacio público, situaciones de abuso y desorden que requieren intervención. Pero el punto es otro: ¿se puede resolver un problema social estructural únicamente desde el castigo?
La respuesta, a la luz de la experiencia, es no.
El propio texto de la ley incorpora, casi como un complemento, programas de capacitación y reinserción laboral. Pero la pregunta es por qué esas políticas no fueron el punto de partida. Por qué llegan ahora, cuando el problema ya explotó y la respuesta principal es la sanción.
El orden no puede construirse sobre la exclusión.
Cuando una persona limpia un parabrisas o cuida un auto en la calle, no lo hace por vocación. Lo hace porque no tiene otra opción. Y eso no se resuelve con multas impagables ni con días de arresto. Se resuelve con trabajo.
Gobernador, la pobreza no se erradica por ley.
Se erradica con políticas sostenidas, con inversión, con desarrollo productivo y con un Estado presente antes, no después. Un Estado que acompañe, que genere oportunidades y que entienda que detrás de cada “infracción” hay una historia de exclusión.
Si el único lenguaje que el Estado encuentra para abordar la marginalidad es el castigo, entonces estamos frente a un problema más profundo: no de convivencia, sino de concepción política.
Porque en definitiva, es más fácil sancionar que incluir. Más rápido castigar que transformar. Pero también es mucho menos efectivo.
Córdoba necesita orden, sí. Pero necesita, sobre todo, justicia social. Y eso no se construye con contravenciones, sino con decisiones de fondo.
El desafío no es correr a los pobres de la calle. Es lograr que no tengan que estar ahí.
Diario Mystica Cba 