En una sesión extensa, cargada de cruces políticos y marcada por demoras, la Legislatura de la Legislatura de Córdoba aprobó una controvertida reforma del Código de Convivencia que prohíbe la actividad de limpiavidrios en la vía pública y habilita arrestos para cuidacoches —conocidos como “naranjitas”— que operen sin autorización municipal.

El debate comenzó pasadas las 16, más de tres horas después del horario previsto, lo que generó los primeros cuestionamientos. Los legisladores radicales Oscar Saliba y Ariela Szpanin criticaron la tardanza del oficialismo y reclamaron mayor respeto institucional, al remarcar que permanecieron en sus bancas mientras el recinto mostraba escasa presencia del peronismo.

Un nuevo esquema de control del espacio público

El eje central de la sesión fue la aprobación de un rediseño del control del espacio público impulsado por el gobierno provincial de Martín Llaryora. La normativa combina prohibición y regulación: veta la actividad de limpiavidrios, delega en los municipios la potestad de habilitar a los cuidacoches y endurece las sanciones para quienes trabajen sin autorización.

El oficialismo, nucleado en Hacemos Unidos por Córdoba, logró una amplia mayoría para sancionar la norma, que sintetiza proyectos de distintos legisladores como Oscar Agost Carreño, Matías Gvozdenovich, Matías Chamorro y Gregorio Hernández Maqueda, aunque con una redacción final alineada con el Ejecutivo.

La propuesta más dura, impulsada por sectores libertarios que planteaban la prohibición total de los naranjitas, no prosperó. Sin embargo, el texto aprobado avanza hacia un esquema de mayor control estatal sobre la actividad informal.

Apoyos con críticas y fisuras opositoras

La Unión Cívica Radical y el PRO acompañaron la iniciativa en general, aunque el radicalismo rechazó artículos en particular al considerar que sus propuestas no fueron incorporadas. La diputada Brenda Austin pidió mejoras jurídicas y un mayor desarrollo de programas de reinserción sociolaboral, sin obtener respuesta del oficialismo.

Desde la propia oposición dialoguista surgieron cuestionamientos de fondo. Gvozdenovich sostuvo que el debate refleja “las consecuencias de la falta de control” y apuntó contra la gestión del intendente Daniel Passerini, al considerar que el proyecto “surge como respuesta a una evidente falta de gestión”. No obstante, reconoció la necesidad de contemplar políticas de reconversión laboral, incluso con participación de la universidad pública.

En la misma línea, el legislador del PRO Oscar Tamis advirtió que se trata de una problemática concentrada en la capital, mientras que el radical Dante Rossi pidió no simplificar el fenómeno, al señalar que conviven situaciones delictivas con contextos de vulnerabilidad social.

También el vecinalista Gerardo Grosso acompañó en general, pero cuestionó la “provincialización” del problema y reclamó un mayor plazo de transición para que los municipios puedan adaptarse.

Rechazo frontal y acusaciones de “criminalización”

Los sectores más duros de la oposición votaron en contra. El juecismo, encabezado por Walter Nostrala, rechazó la norma al considerar que invade competencias municipales y lanzó duras críticas al oficialismo: “El problema no son los que se ponen un guardapolvo naranja, sino los que se ponen trajes de funcionarios y roban en el Estado”, disparó.

Por su parte, Hernández Maqueda insistió —sin éxito— en su proyecto de prohibición total, al advertir que la ley aprobada “consolida un sistema que ya fracasó”. En tanto, el libertario autónomo Agustín Spaccesi rechazó la iniciativa por considerar que habilita un mecanismo “opaco” que podría derivar en prácticas de “extorsión”.

Desde la izquierda, Noelia Agüero votó en contra y denunció que la norma profundiza la “criminalización de la pobreza”, al perseguir a quienes subsisten en la informalidad sin ofrecer soluciones estructurales.

Un voto peronista en disidencia

Uno de los datos políticos de la jornada fue el rechazo del delasotista Bernardo Knipscheer, quien marcó distancia del bloque oficialista. El legislador calificó la ley como “atemporal” frente a una crisis social creciente y lanzó una advertencia: “Cuando veamos más gente durmiendo en la calle, ¿los vamos a meter presos?”.

En su crítica, también apuntó contra el contexto económico nacional y la gestión del presidente Javier Milei.

La defensa oficialista: orden y contención

Desde el oficialismo, Chamorro defendió la iniciativa al señalar que busca “ordenar una problemática real” con un enfoque integral que combine regulación y políticas de inclusión. “No avalamos delincuentes disfrazados”, afirmó, diferenciando entre quienes delinquen y quienes buscan subsistir.

En la misma línea, Leonardo Limia sostuvo que la ley apunta a “darle soluciones a la gente”, mientras que Juan Manuel Llamosas remarcó que la norma respeta la autonomía municipal y brinda herramientas para ordenar el espacio público.

“El orden del espacio público es mejorar la convivencia, fortalecer el federalismo provincial y abrir oportunidades para quienes más lo necesitan”, fue la síntesis que dejó el oficialismo al cierre del debate.

Un nuevo frente de conflicto

Con aprobación mayoritaria cerca de las 21, la Unicameral sancionó una ley que promete reconfigurar el uso del espacio público en Córdoba. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, la norma abre un nuevo frente de conflicto político y social.

El oficialismo la presenta como una herramienta de ordenamiento y gestión. La oposición más dura, en cambio, la interpreta como una respuesta punitiva frente a la exclusión. En ese cruce de miradas, la implementación concreta —y el rol que asuman los municipios— será el verdadero termómetro de una ley que ya nació en medio de la polémica.