La gestión de Daniel Passerini busca anotar un hito largamente postergado: la implementación del expediente digital en el Palacio 6 de Julio. El proyecto, ya enviado al Concejo Deliberante de Córdoba, propone la creación de “Mi Docta”, una plataforma integral que centralizará trámites, datos e incorporará herramientas de inteligencia artificial en la administración municipal.

La iniciativa, presentada con el tono modernizador habitual, obliga a una lectura más fina para distinguir entre los anuncios y los cambios estructurales que efectivamente podrían impactar en la relación entre el Estado local y los vecinos.

Una deuda de larga data

El núcleo del proyecto es la digitalización del expediente administrativo, una materia pendiente de al menos cuatro gestiones municipales. La normativa establece que los trámites podrán realizarse íntegramente de manera digital y que el expediente electrónico será de uso obligatorio en toda la administración pública municipal, tanto centralizada como descentralizada.

El modelo no es novedoso en términos comparativos: la Provincia de Córdoba ya implementa desde hace más de una década sistemas de gestión digital a través de Ciudadano Digital (CiDi). En ese sentido, la Municipalidad llega tarde a un proceso que en otros niveles del Estado ya es estándar.

Sin embargo, el proyecto omite un aspecto clave en términos de transparencia: no contempla la posibilidad de acceso permanente y en tiempo real al expediente por parte del ciudadano. Este punto, que podría haber marcado una diferencia sustancial en términos de control social y agilidad, queda fuera del alcance de la iniciativa.

Base de datos única e identidad digital

“Mi Docta” se apoya en una serie de principios que buscan ordenar la interacción digital entre el municipio y los vecinos. Entre ellos, se destacan la “unicidad del dato” —que implica que la información personal se cargará una sola vez y quedará disponible para futuras gestiones— y la creación de una identidad digital única, segura y verificable.

El acceso al sistema estará vinculado a cuentas de nivel 2 de CiDi, lo que refuerza la integración con la infraestructura provincial. Además, las actuaciones realizadas dentro de la plataforma tendrán plena validez jurídica, equiparándose a los trámites presenciales tradicionales.

El proyecto también menciona la interoperabilidad entre sistemas, la inclusión digital y la promoción de la participación ciudadana, aunque sin precisiones concretas sobre cómo se instrumentarán estos principios en la práctica.

Inteligencia artificial: promesa sin detalles

Otro de los ejes es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos administrativos. No obstante, el texto se limita a enunciar su utilización sin establecer criterios claros sobre su alcance, regulación específica o mecanismos de control.

En paralelo, la autoridad de aplicación —la Secretaría de Ciudad Inteligente— concentrará amplias facultades regulatorias, lo que abre interrogantes sobre los márgenes de discrecionalidad en la implementación del sistema.

Reforma normativa sin impacto en los tiempos

El proyecto incluye modificaciones al Código de Procedimiento Administrativo Municipal (Ordenanza 6904), orientadas principalmente a la desmaterialización del expediente. El papel, en teoría, quedaría definitivamente atrás.

Sin embargo, el punto más sensible para los vecinos —los plazos de respuesta de la administración— permanece intacto. La iniciativa no contempla una reducción de los tiempos administrativos ni introduce mecanismos que obliguen al Estado a responder con mayor celeridad.

Tampoco avanza sobre figuras que comienzan a consolidarse en otros marcos normativos, como el “silencio positivo”, que implica dar por aprobado un reclamo si la administración no responde en tiempo y forma. Su ausencia refuerza la percepción de que la modernización planteada es más tecnológica que institucional.

Modernización parcial

La llegada del expediente digital representa, sin duda, un paso necesario y largamente demorado. No obstante, el proyecto evita abordar las reformas más profundas que permitirían transformar la lógica burocrática del municipio.

En este esquema, la digitalización corre el riesgo de convertirse en una simple traslación del expediente en papel a una pantalla, sin modificar los tiempos, las prácticas ni la asimetría entre el ciudadano y la administración.

La discusión en el Concejo Deliberante será clave para determinar si “Mi Docta” se limita a saldar una deuda tecnológica o si puede convertirse en una herramienta real de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.