Avanzan con una ley que prohíbe limpiavidrios y penaliza a naranjitas no habilitados

La Legislatura de Córdoba se encamina a sancionar una reforma de fondo del Código de Convivencia Provincial que redefine el control del espacio público: prohíbe de manera absoluta la actividad de limpiavidrios y establece sanciones más duras —incluyendo arrestos— para cuidacoches que operen sin habilitación municipal.

El proyecto, impulsado por el oficialismo del PJ, cuenta con respaldo en general de la UCR, aunque el radicalismo anticipó que intentará introducir modificaciones en la discusión en particular. En el otro extremo, el juecismo y sectores liberales anticiparon su rechazo, en una sesión que expone diferencias no solo jurídicas, sino también políticas y de enfoque sobre el fenómeno.

Un nuevo esquema: prohibición, regulación y castigo

El dictamen de mayoría, que llega al recinto tras su paso por la comisión de Seguridad, propone un cambio estructural: elimina las zonas grises que hasta ahora permitían la coexistencia de prácticas informales bajo el paraguas del “pago voluntario”.

El núcleo de la norma se organiza en tres ejes:

• Prohibición total de limpiavidrios en la vía pública, sin margen para regulación. La limpieza —o el intento de limpiar— parabrisas en semáforos o zonas de detención será sancionada como contravención.
• Habilitación selectiva de cuidacoches (“naranjitas”), que quedará exclusivamente en manos de los municipios.
• Endurecimiento de penas para quienes operen sin autorización: arrestos de hasta seis días, además de multas o trabajo comunitario.

El esquema apunta a transformar una tolerancia de hecho en un sistema formalizado bajo control estatal, con fuerte impronta punitiva para quienes queden fuera del marco.

Agravantes y control operativo

La iniciativa incorpora agravantes que pueden duplicar las sanciones en situaciones específicas: eventos masivos, zonas de alta circulación, uso de menores o la existencia de estructuras organizadas detrás de la actividad. El objetivo declarado es desarticular redes informales más complejas.

A su vez, se amplían las facultades de la Policía, que podrá intervenir de manera inmediata, secuestrar dinero u objetos utilizados y adoptar medidas preventivas. Los procedimientos tendrán plazos abreviados —hasta 48 horas en casos con detenidos—, buscando una respuesta más rápida en la calle.

Sin embargo, la investigación seguirá bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, lo que mantiene el esquema institucional vigente.

Municipios en el centro de la escena

Uno de los puntos clave es la transferencia de responsabilidad a los gobiernos locales. La ley “invita” —aunque algunos legisladores plantearon que debería ser una obligación— a que municipios y comunas registren y reporten al Ministerio de Seguridad a los cuidacoches habilitados.

Cada jurisdicción definirá si permite la actividad y bajo qué condiciones. Incluso los autorizados podrán ser sancionados si incumplen requisitos, cobran tarifas indebidas o trabajan fuera de las zonas asignadas.

Este diseño abre un interrogante central: la efectividad de la norma dependerá en gran medida de la capacidad política y operativa de los municipios para implementar controles y sostenerlos en el tiempo.

El componente social: una inclusión en tensión

Ante las críticas por el sesgo punitivo, el oficialismo incorporó un capítulo de contención social. La Provincia se compromete a acompañar a los municipios con programas de capacitación e inclusión laboral para quienes hoy dependen de estas actividades.

El agregado, impulsado tanto por sectores propios como por la UCR, busca equilibrar la lógica de “orden público” con una salida de reconversión. No obstante, su implementación concreta —financiamiento, alcance y resultados— aparece como uno de los puntos más débiles del proyecto.

Apoyos, reparos y rechazos

El legislador oficialista Juan Manuel Llamosas sintetizó el espíritu de la iniciativa: “Se prohíbe lo que no esté autorizado”, afirmó, al defender una norma que, según sostuvo, busca “dar mayor tranquilidad a los vecinos”.

Desde el PRO, Oscar Agost Carreño respaldó el enfoque restrictivo y planteó una lógica de base prohibitiva: solo mediante ordenanza y coordinación con la Policía los municipios podrían habilitar la actividad.

En la UCR, el apoyo llega con matices. Matías Gvozdenovich advirtió sobre el impacto social de la medida: “Tenemos 1.500 naranjitas ilegales. ¿Qué, los van a meter presos a todos?”, cuestionó, reclamando mayor énfasis en la reconversión laboral.

En la misma línea, Dante Rossi pidió extender el plazo de entrada en vigencia a 45 días y rechazó la prohibición total de limpiavidrios, al considerarla difícil de aplicar y vinculada a la crisis económica.

El rechazo más contundente proviene del juecismo. Walter Nostrala sostuvo que la regulación de cuidacoches es competencia exclusiva de los municipios y cuestionó la necesidad de la ley: “La Policía ya puede actuar. El problema es que no actúan”, lanzó, poniendo el foco en la falta de control estatal.

Por su parte, Gregorio Hernández Maqueda combinó respaldo parcial —celebró la prohibición de limpiavidrios— con una crítica política más amplia: calificó el proyecto como “una gran estafa a la población” por mantener la figura de naranjitas habilitados y lo vinculó con la disputa electoral hacia 2027.

Un cambio con impacto incierto

La ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial, plazo que busca dar margen a los municipios para adecuar sus normativas.

En términos políticos, el oficialismo cuenta con los votos para avanzar. Pero el verdadero test será la aplicación: la norma promete mayor intervención estatal y control sobre la calle, aunque deja abiertos interrogantes sobre su viabilidad operativa y su impacto social.

En un contexto de deterioro económico y crecimiento de la informalidad, la reforma se inscribe en una tensión de fondo: entre la demanda de orden público y la ausencia de respuestas estructurales para quienes hoy encuentran en la calle su única fuente de ingresos.